La representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur, anunció el viernes, que espera bajar ante la consideración del pleno cameral el Proyecto del Senado 1221 para la próxima semana, pieza que enmienda la Ley 40-2017 permitiendo el depósito de cenizas de carbón en los vertederos de Peñuelas con el fin de prohibir la utilización y el almacenamiento del Agremax.
“La semana pasada la Gobernadora se expresó a favor de la medida y en contra del depósito y disposición de cenizas de carbón. Por lo que estamos confiados en que las expresiones que hizo la Primera Ejecutiva están alineadas y cónsonas a lo que propone este proyecto. Se han sugerido unas enmiendas y nos proponemos aprobar un proyecto que tome en consideración todas las partes”, sostuvo Rodríguez Hernández en comunicación escrita.
El Agremax es un compuesto de cenizas sueltas con agua, utilizado como revestimiento de rellenos sanitarios o dentro de los residuos de la quema de carbón.
Asimismo, el proyecto define el término “uso comercial beneficioso”, para que signifique el uso mediante el cual los Residuos de Combustión de Carbón (RCC) quedan integrados a una matriz sólida, eliminándose de forma permanente cualquier lixiviación y emisión de componentes del RCC al medio ambiente o su descomposición. Se incluyen el uso de sus derivados como materia prima en la manufactura de cemento, la producción de bloques, adoquines, así como productos plásticos o goma.
Igualmente, advirtió a los inicios de los trabajos que la misión de los Representantes es estar alineados a los mejores intereses de los puertorriqueños. Esto, considerando las denuncias de los residentes de Peñuelas y Humacao, comunidades cerca de los depósitos de los residuos de carbón que reflejan altas incidencias de cáncer y enfermedades respiratorias. “Este es un proyecto que más allá de pasar a ser una ley, le va a hacer justicia la pueblo”, dijo.
Durante el interrogatorio, la licenciada Laura Díaz Solá, asesora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), expuso que el Reglamento de la Ley 40- 2017, no se ha aprobado y aún está en condición de borrador. La abogada informó frente a cuestionamientos que el mismo proponente de la medida, el senador Larry Seilhamer les ordenó detener el borrador.
De inmediato, la portavoz de medios del Senador, Sheila Angleró, informó a la Comisión que Seilhamer envió un mensaje desmintiendo esa alegación, sosteniendo que “en ningún momento dio esa orden al DRNA”.
A esos efectos, la representante Rodríguez Hernández señaló que “después de dos años, al día de hoy, no está concretizado ni aprobado el Reglamento. Lo que existe es un borrador. Fue precisamente de ese borrador que nació esa legislación. Creo que es alarmante que el DRNA no haya todavía, después de dos años, atendido la aprobación de este Reglamento, porque precisamente ellos son los que supervisan a la carbonera (AES-PR). Es una responsabilidad que tiene el Gobierno”.
Entretanto, Jose Manuel Díaz, portavoz de los miembros del denominado Campamento Contra Cenizas en Peñuelas que han liderado una lucha en contra de la compañía AES-PR para prohibir el depósito cenizas en los vertederos de Peñuelas y Humacao, así como la utilización y almacenamiento del AGREMA, enunció que debe aprobarse el proyecto de ley sin dilación en la Cámara de Representantes.
Díaz alertó a la Comisión que mientras se discute el proyecto en este foro, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Amercian Coal Association (ACS) y la Applied Energy Services (AES- Puerto Rico), planifican cambiar la reglamentación en cuanto a las cenizas de manera que se clasifiquen como un producto , que se permita el almacenaje por tiempo indefinido y se elimine la exigencia de monitoreo de la EPA debajo de las aguas subterráneas debajo de la montaña de cenizas en Guayama.
“La aprobación del Proyecto 1221, aunque no resuelve del todo el problema ambiental y de salud causado por las cenizas de carbón en Puerto Rico de carbón, queda pendiente legislación para obligar a que el Departamento de Salud, el DRNA y las agencias pertinentes hagan el monitoreo de los lugares en 14 pueblos de la Isla en donde se depositaron cenizas tóxicas de carbón, que en muchos lugares están expuestas cerca de comunidades, y el monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas en donde también se depositaron”, planteó.
No obstante, Jesús Bolinga, director del complejo AES-PR, generadora de electricidad para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), indicó no existe una base científica o datos para sostener las oposiciones al manejo de cenizas de carbón y cuestionó la validez de los estudios que revelan dichos daños por parte de las comunidades.
Asimismo, apuntó que la AES-PR cumple con todas las leyes locales y federales aplicables.
Bolinga adjudicó que hay estudios formales, que ya han sido avalados por agencias reguladoras mediante evidencia científica de la EPA y la Junta de Calidad Ambiental (JCA), que sostienen que están dentro del cumplimiento de la ley.
El Director del complejo AES-PR sentenció que la aprobación de esta medida resultaría en un problema de generación energética para la AEE, ya que dificultaría que la planta pueda continuar de manera segura y económica generar el 17 por ciento de la energía eléctrica que consume Puerto Rico.
“AES-PR, le provee a la AEE energía a costos más bajos del mercado y provee un servicio confiable y cuyo costo le ahorró a Puerto Rico $550 millones desde diciembre de 2002 a junio de 2007. La empresa podría verse obligada a reducir, y en ocasiones hasta detener, la generación de energía en su instalación si el Proyecto del Senado se aprueba sin enmiendas. Además de aplicarse el periodo contenido en la medida al Agremax, actualmente almacenado en las facilidades de AES-PR, imponer un periodo de 180 días para disponer de toneladas de un producto ya existente y creado bajo reglas distintas, resultarían en una misión imposible”, sostuvo ante cuestionamientos.
Bolinga estipuló, que no hay un plan de transición que le permita a la AEE sustituir y financiar la generación del 17 por ciento de la energía que se genera en Puerto Rico.
Finalmente, Javier Torres del Departamento de Salud, avaló la pieza expresando que “entendemos que el mismo cumple con un fin loable de salvaguardar y proteger la salud pública, lo que es cónsono con la misión de nuestro Departamento de Salud”.
