El Departamento de Justicia, junto a la Policía de Puerto Rico (PPR), presentó 135 cargos criminales contra 33 personas por su participación en un esquema mediante el cual se pagaron ilegalmente de sobre $300 mil en multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso utilizando una tarjeta de crédito sin la autorización de sus titulares.
La Operación Eslabón, liderada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, reveló que entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento. Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ningún descuento o amnistía.
Durante el proceso de investigación, se identificaron más de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de crédito para el pago de multas a través de CESCO Digital y AutoExpreso. Los titulares de la tarjeta presentaron ante la institución financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas. El Departamento de Hacienda atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía determinó presentar 135 cargos contra 33 personas, entre las que se encuentran los imputados que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con la tarjeta de crédito, así como gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios o facilitadores.
La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos, en virtud de los artículos 202 y 182 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente. La investigación estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández, de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.
El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y les impuso una fianza global de $1,231,000.00.
“Quienes pretendan beneficiarse ilegalmente de los fondos de los contribuyentes de Puerto Rico sepan que los vamos a identificar y a procesar con toda la severidad que permita la ley. Si creen que pueden participar de estos esquemas y salir impunes, están equivocados. Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de crédito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos públicos. Toda persona tiene que cumplir con el pago de multas conforme a la ley. Esta investigación continúa, por lo que exhortamos a quienes tengan conocimiento de este tipo de esquema a que cooperen voluntariamente antes de que sea demasiado tarde”, advirtió la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien reconoció y destacó la labor de la Fiscalía y la Policía.
“La Operación Eslabón demuestra que quienes participan de un esquema de fraude, ya sea ejecutándolo, facilitándolo o beneficiándose de él, se convierten en parte de una cadena delictiva que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Nuestros agentes realizaron una investigación minuciosa que permitió identificar las distintas piezas de este esquema y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en él. Este resultado también demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la Policía y el Departamento de Justicia para combatir los delitos económicos y proteger los fondos públicos”, indicó, por su parte, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.
El esquema fue descubierto luego de que una institución bancaria presentara una querella tras detectar múltiples transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, que ascendieron a $308,573.13.
El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de reclusión. Mientras, el delito de fraude implica una pena fija de ocho años.
“Estos arrestos demuestran la importancia de la colaboración entre el DTOP, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para identificar, investigar y combatir cualquier intento de utilizar nuestros servicios para cometer fraude. En el DTOP hemos fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigación e Inspección de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan. Continuaremos fortaleciendo estos esfuerzos para proteger la integridad de nuestros procesos y la confianza de los ciudadanos en los servicios que ofrecemos”, manifestó, por su parte, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.
Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de crédito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una institución bancaria.
“En el Departamento de Hacienda actualizamos continuamente nuestros procesos y controles conforme evolucionan las tecnologías y herramientas de los procesadores de pago, con el propósito de prevenir, detectar y mitigar posibles esquemas de fraude. Asimismo, mantenemos una estrecha colaboración con las agencias fiscalizadoras y las autoridades estatales y federales, mediante el intercambio de información y el apoyo a las investigaciones correspondientes. Exhortamos a cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades o esquemas de fraude relacionados con transacciones o procesos del Departamento a comunicarse de manera confidencial a través de SURI Confidencia”, explicó el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.
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