Secretaria del DRNA se reserva intervenir con demanda de suegros de Jenniffer González a pesar de la inscripción tardía de la propiedad en el CRIM
La caseta #27 se inscribió el pasado 19 de septiembre, pero la demanda contra los manifestantes se dio en julio
La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, informó en Dígame la Verdad que a su agencia no le corresponde investigar la validez de la demanda que presentó la familia de José Yovín Vargas contra manifestantes que se pronunciaron en contra de la residencia construida ilegalmente en la zona de La Parguera, en Lajas.
Las expresiones de Rodríguez Vega surgieron luego de que el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig cuestionara cómo es posible que la familia del esposo de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, sometiera la demanda ante el Tribunal Federal, cuando la propiedad no fue inscrita en el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) hasta el 19 de septiembre de este año. La demanda se produjo en julio de este año.
“Descansaban sobre una inscripción que alegaban tener de esa estructura en el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales“, explicó Cardona Roig, quien recordó que fue el 7 de julio cuando hubo alegaciones respecto a daños que se le habían hecho a la caseta #27. Ni esa caseta ni las otras que enfrentan ilegalidades tienen título de propiedad por ser de dominio público.
“Queda en entredicho la capacidad que tenían las partes que demandaron a los manifestantes por alegados daños a la propiedad. ¿Cómo se va a ver el caso en contra de los manifestantes? Recordemos que les pusieron una fianza de medio millón de dólares la jueza que vio el caso. ¿Cómo van a ver estas alegaciones? Eso va a ser interesante“, añadió.
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Sin embargo, la secretaria reiteró que no tiene injerencia en dicho aspecto.
“Yo no me atrevería, en este momento, a hacer alguna expresión sobre eso. No es mi área de expertiz cómo funciona el CRIM. Yo lo único que te puedo decir, en este momento, es que en el área de La Parguera ha habido violaciones en varias estructuras que están allí y están siendo evaluadas a nivel administrativo del Departamento […]“, explicó.
Tanto el caso de los padres de Yovín Vargas como el de las otras cuatro propiedades se están viendo por separado a nivel administrativo y se está evaluando la evidencia correspondiente. Se espera que luego de que los oficiales examinadores evalúen los casos, la secretaria tome una determinación sobre las recomendaciones que se hagan.
Al momento, la secretaria no pudo determinar cuándo culminarán las evaluaciones, mas explicó que la intervención de los oficiales examinadores es para permitir, precisamente, que el caso culmine más rápido de lo que sería en un tribunal.
