La ACLU demanda a agentes de la Policía por exceso de fuerza al asesinar a adolescente en Puerto Nuevo

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico presentó una demanda civil hoy, miércoles, contra nueve oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) por la muerte de un adolescente de 16 años, quien murió a causa de más de 50 disparos efectuados por los agentes.

En entrevista para Pega’os en la Mañana, el director legal de la ACLU, Fermín Arraiza, catalogó de lamentable la muerte del joven de educación especial y aseguró que “no se siguieron los protocolos. Muchos de los oficiales que estaban allí no tenían la supervisión adecuada ni los entrenamientos adecuados. Y, en ese sentido, pues responden no solamente ellos, sino que civilmente responden también sus supervisores“.

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Los hechos se remontan al pasado 1ro de agosto de 2022, cuando Javier Antonio Cordero Nevárez transitaba en un vehículo reportado como hurtado con el cual intervinieron los agentes hasta llegar a una calle sin salida. Según los agentes, el joven intentó escaparse, y por ello procedieron a disparar.

“El examen de la escena lo que denota es que el vehículo recibió los impactos de bala por el lado del chofer, no fue de frente“. detalló Arraiza, señalando que el mensaje inicial dado por el comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa, fue equivocado, prematuro e irresponsable, puesto que la escena no había sido investigada.

Además, Arraiza apuntó a los fallos más amplios en la institución policíaca.

Y es que precisamente los agentes que formaron parte del incidente y a los cuales se les radicaron cargos hoy, miércoles, aunque ya habían culminado su preparación de la academia, algunos de ellos requerían supervisión con la cual no contaban la noche de los hechos.

“Hay que ver dónde está fallando la academia, dónde está fallando la cadena de mando y la supervisión de los cadetes una vez salen a la calle“, añadió Arraiza al reiterar que el caso es uno de crasa negligencia.

Finalmente, el portavoz de la ACLU pidió al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, que ofrezca explicaciones sobre la forma en la que se ha manejado el caso, puesto que ha tomado en cuenta el hecho de que la exfiscal Betzaida Quiñones fue quien refirió el caso al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

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El DSP deja en manos de Justicia demanda de la ACLU contra agentes

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, reconoció en el mismo espacio que no se ha comunicado con la familia del adolescente y que dejaría en manos de Justicia el manejo de la demanda contra los agentes por parte de la ACLU.

“Bueno, desconozco si ha habido comunicación. Yo, particularmente, no he tenido comunicación. Le he dado espacio a la investigación desde que comenzó, de todos los diferentes ángulos y veremos el proceso cuando llegue a fondo ese proceso”, indicó el titular de la agencia.

Por otra parte, justificó la intervención de los agentes indicando que aunque el adolescente no tenía en su poder un arma de fuego en su poder, el vehículo en el que transitaba podía fungir como un arma.

“Ahora le compete al Departamento de Justicia ejercer su responsabilidad en el aspecto de litigar el caso y nosotros estamos pendientes. De la misma manera, a cada uno de los policías también tienen el derecho a estar representados y a ese debido proceso”, indicó al reiterar que también estarán al tanto del proceso judicial que se desprenda a raíz de la demanda.