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Nominado Procurador de Personas con Impedimentos niega demandas infundadas

David Figueroa Betancourt exige que quien tenga evidencia “ que la muestre”

El nominado procurador de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt, afirmó, hoy, martes, en Pega’os en La Mañana, que las acusaciones presentadas por el senador novoprogresista, Juan Oscar Morales Rodríguez,  son “alegaciones infundadas”. 

Figueroa Betancourt indicó que cuenta con la evidencia que demuestra que no ha recibido beneficios económicos e instó a las personas que dicen contar con ella “que la demuestren”. 

 El doctor explicó: “Cuando uno reclama, los conocedores de la ley ADA, sabemos que, la misma ley no provee para que se reclame indemnización económica alguna. En caso de que, por ejemplo, por consecuencia de que hay una violación a la ley, por ejemplo, una acera que está destruida y una persona pasa y se cae, en esos casos se puede reclamar. Pero cuando se reclama por barrera, que fueron los casos que yo llevé simplemente la gratificación es que se arreglen las cosas que hay que arreglar, esta ley es una ley de derechos civiles que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos y hay que cumplirla”.

El 3 de septiembre, el presidente del Centro Unido de Detallistas,  Ramón Barquín, firmó  un documento que acusa a Figueroa Betancourt de supuestamente someter demandas frívolas de comercios que alegadamente incumplían con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y reflejar un posible caso de conflicto de interés al posicionar a el abogado Vélez,  en la División Legal de la DPI. 

Por otro lado, Morales Rodríguez cuestionó que el abogado José Carlos Vélez dirija la División Legal de la DPI tras representar legalmente al doctor antes de ser nominado como defensor de las personas con impedimentos y supuestamente contar con demandas activas.

En su defensa, el nominado procurador respondió: “el licenciado Vélez no trabaja en la Defensoría de las Personas con Impedimentos. No trabaja allí y no hay demanda activa de conocimiento público”, aclaró.

Finalmente añadió, “Yo me hice una búsqueda cuando escuché expresiones y el Tribunal Supremo ordenó que se archivara y se desestimaran esas reclamaciones que se hicieron en el pasado, que nada tenía que ver conmigo porque eran unos casos que se llevaron por otra persona. Y el Procurador General, hay un documento que es de conocimiento público que está en la rama judicial, en el Tribunal Supremo y el Procurador General desestimaron esas expresiones”. 

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