Trump indultará a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez
El presidente Donald Trump planea indultar a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable el año pasado en un caso federal de corrupción pública, según indicaron múltiples fuentes a varios medios en la tarde del viernes.
Sus dos coacusados —el banquero multimillonario venezolano-italiano y fundador de Britannia Financial Group, Julio Martín Herrera Velutini, y Mark Rossini— también recibirán indultos por su participación en el esquema de sobornos, según dos de las fuentes.
La Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que fue en gran parte desmantelada el año pasado, acusó a los tres en 2022 por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos, en relación con la campaña de Vázquez en 2020.
Nota relacionada: Exgobernadora Wanda Vázquez se declara culpable
Los tres acusados se declararon culpables en agosto de cargos menores de corrupción, luego de que el Departamento de Justicia alcanzara abruptamente un acuerdo con la defensa cuando el caso estaba próximo a ir a juicio.
Entre los abogados defensores que ayudaron a negociar el acuerdo con el Departamento de Justicia bajo Trump se encontraba Chris Kise, quien previamente defendió al presidente en el caso criminal relacionado con la retención de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca en 2021.
El año pasado, mientras se acercaba el juicio, Kise se reunió con altos funcionarios del Departamento de Justicia para intentar que se retiraran o redujeran los cargos, según informaron previamente fuentes a varios medios. Se trató de uno de varios casos de corrupción en los que abogados defensores solicitaron la desestimación de cargos, alegando —sin presentar evidencia— que eran ejemplos de una supuesta “instrumentalización” política por parte de la administración Biden.
Funcionarios de Trump han sostenido que el caso fue políticamente motivado, destacando que la investigación contra Vázquez comenzó en 2020, días después de que ella respaldara públicamente a Trump. “Los documentos de indulto de la señora Vázquez establecen que nunca existió un acuerdo de quid pro quo y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas”, dijo a varios medios un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, ya que el presidente aún no ha anunciado formalmente los indultos.
Nota relacionada: Fiscalía pide un año de cárcel para Wanda Vázquez
En julio, la jueza federal a cargo del caso expresó su preocupación luego de que el Departamento de Justicia solicitara retirar los cargos más graves y permitir que los acusados se declararan culpables de delitos menores por violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).
“Resulta llamativo que la penalidad por violar la Sección 30121 de la FECA sea apenas una palmada en la muñeca en comparación con la posible sentencia que enfrentaban los acusados si eran condenados por los cargos del pliego acusatorio”, escribió la jueza Silvia Carreño-Coll del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Pero, lamentablemente, el cambio de rumbo del Gobierno en el último momento está permitido, ya que en última instancia es el Gobierno quien decide cómo ejercer su discreción procesal”, añadió. La Sección de Integridad Pública, que procesó el caso junto con la Fiscalía federal local, fue creada tras el escándalo de Watergate para manejar algunos de los casos de corrupción política más sensibles del país.
El año pasado, el Departamento de Justicia ordenó que dejara de consultar con fiscales federales locales y transfirió a casi todos sus fiscales a otros puestos dentro de la agencia. A medida que la sección se ha desmantelado, Trump ha revertido gran parte de su trabajo durante el último año, otorgando indultos a numerosos acusados que habían sido condenados o estaban siendo procesados por dicha oficina.
Por qué este indulto es significativo en Puerto Rico
El posible indulto a Wanda Vázquez tiene un peso político y simbólico considerable en Puerto Rico. Vázquez fue gobernadora entre 2019 y 2021, tras la renuncia de Ricardo Rosselló, en medio de una de las crisis institucionales más profundas del país. Su arresto en 2022 y posterior declaración de culpabilidad marcaron un precedente histórico al tratarse de una exgobernadora acusada de corrupción federal.
El caso estaba directamente vinculado al uso de donaciones ilegales de campaña a cambio de favores políticos, un esquema que las autoridades federales describieron como un intento de influir en la política pública desde el sector financiero. La reducción drástica de los cargos y ahora la posibilidad de un indulto refuerzan las críticas sobre la politización del sistema judicial federal y la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas.
Para muchos sectores en la isla, este indulto podría interpretarse como un mensaje de impunidad hacia la corrupción política, especialmente en un contexto donde Puerto Rico continúa bajo supervisión fiscal y enfrenta severas limitaciones democráticas. Para otros, el caso ilustra el giro radical en la política federal anticorrupción bajo Trump y el desmantelamiento de estructuras creadas precisamente para proteger la integridad del sistema democrático.
