Luego de más de 38 años desde que se concedió el derecho al voto a los confinados, una medida legislativa radicada por la representante del Distrito 27, Estrella Martínez Soto, ordena realizar una investigación del proceso de votación en las instituciones correccionales, de custodia, y centros de ingreso operados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Según expresó la legisladora la Resolución Conjunta de la Cámara 704 busca garantizar que ese derecho sea libre y voluntario conforme establece el Código Electoral.
De igual forma, la representante adelantó que su intención surge posterior a información divulgada en los medios de comunicación del país quienes reseñaron posibles actos de coacción a los confinados durante los comicios electorales de 2024. “Esta medida busca garantizar que el voto emitido por los confinados sea libre, voluntario y que cuente con los garantes necesarios para que nada afecte la libertad y confidencialidad de ese ejercicio. Ejercer el sufragio es un derecho fundamental cobijado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo cual le corresponde al gobierno garantizar que el mismo se cumpla”, sentenció Martínez Soto. “También, es necesario que la investigación examine los protocolos existentes para asegurar la pureza y transparencia del proceso electoral dentro del sistema correccional”.
La legisladora de Aibonito, Coamo, Santa Isabel y Juana Díaz se mostró preocupada ante la información reseñada en diferentes rotativos del país sobre un alegado esquema donde una ganga controlaba el proceso eleccionario en las cárceles para las elecciones de 2024. “Ante los señalamientos levantados por la prensa del país, es necesario que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo se realiza el proceso de votación en las cárceles y cómo se garantiza que nadie obligue o coaccione a un confinado a votar de cierta forma. Sin duda, las personas que viven privadas de la libertad son más vulnerables a recibir coacción política, manipulación y hasta la compra de votos. Esto me preocupa grandemente por lo cual entendí pertinente radicar la medida”, señaló Martínez Soto.
“Vivimos en un país democrático por lo cual todo ciudadano debe ejercer el sufragio de manera secreta y sin ningún tipo de presión, mucho menos externa. Con la aprobación de la medida se garantiza que la población confinada ejerza su voto conforme su voluntad sin que ésta se afecte por estructuras de poder dentro de las instituciones penales del país”, aseguró Martínez Soto.
La representante se mostró esperanzada de que sus compañeros tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado abran el espacio a una discusión justa, profunda e inclusiva en beneficio de garantizar a los confinados uno de los derechos más importantes de la Constitución.
