Miles de estudiantes en riesgo: APPSSRE denuncia deuda de Educación con proveedores de Remedio Provisional

La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) denuncia que el Departamento de Educación (DE) mantiene sin pagar servicios de Remedio Provisional ya facturados, en incumplimiento del término de 30 días que rige el pago de facturas. De no corregirse, para el 1 al 10 de agosto la deuda equivaldrá a dos meses de servicios prestados y no pagados, justo cuando el nuevo año escolar está a punto de comenzar y sin que existan garantías de que los servicios podrán prestarse con normalidad.

“Un mes de impago bajo las circunstancias económicas actuales ya es una crisis. Dos meses, con el año escolar arrancando, es insostenible. Y esto no es una falla aislada: es el resultado de años de omisiones administrativas y fiscales que hoy ponen en riesgo nuevamente los servicios de los estudiantes”, expresó Ruth Concepción Rivera, presidenta de APPSSRE.

APPSSRE sostiene que esta crisis no es producto de una emergencia inesperada, sino de decisiones y omisiones que se pudieron evitar: un presupuesto que no se ha establecido conforme al gasto operacional real del Programa y la falta reiterada de partidas presupuestarias para un gasto que el propio Departamento sabe que es recurrente año tras año. Son esas omisiones las que hoy amenazan la continuidad de los servicios a apenas días de que comience el año escolar.

La crisis actual representa un riesgo real para estudiantes que, hasta el presente, han contado con un proveedor disponible para ofrecerles servicios.

La crisis de impago no se queda en lo económico: repercute directamente en la disponibilidad de servicios para los estudiantes. Un proveedor que enfrenta condiciones económicas insostenibles y carece de garantías mínimas para continuar operando ve seriamente comprometida su capacidad de asumir nuevas obligaciones y mantener la continuidad de los servicios. Eso agrava una crisis que ya es severa: hoy se adeudan más de 69,000 servicios de terapias, cifra que ni siquiera incluye las terapias compensatorias que se le deben a miles de estudiantes, ni las limitaciones de acceso a servicios de evaluación. Si los proveedores actuales no pueden sostener sus operaciones, los estudiantes que hoy cuentan con un proveedor corren el riesgo de sumarse a esa lista de miles que ya esperan por el servicio.

A esto se suma que, al día de hoy, el Departamento de Educación no ha ofrecido a los proveedores información oficial, clara y precisa sobre el mecanismo mediante el cual podrán recibir los pagos adeudados bajo el nuevo proceso de facturación. Tampoco ha explicado si los proveedores deberán realizar algún trámite adicional para poder cobrar las facturas ya sometidas. El resultado, a días de iniciar el nuevo año escolar, es una incertidumbre operacional absoluta y la ausencia de garantías sobre la continuidad de los servicios.

Durante el año escolar extendido de este verano, los proveedores disponibles para prestar servicio no tuvieron la oportunidad de hacerlo conforme al calendario correspondiente por falta de autorización del propio Departamento. Como resultado, los estudiantes vieron interrumpida la oportunidad de recibir servicios de evaluación y terapias compensatorias. El mes de mayo cerró con una crisis que afectó servicios, y el nuevo año escolar corre el riesgo de comenzar en ese mismo punto crítico.

Basta ya: la responsabilidad y obligación de garantizar acceso a los servicios es del Departamento de Educación, no del proveedor. El Estado no puede seguir trasladando al sector privado una responsabilidad que es exclusivamente suya. Los proveedores no están aquí para cargar ni asumir las obligaciones del Estado. Están aquí para prestar un servicio privado que el Tribunal ordenó precisamente porque el Estado no cumplió con su deber de ofrecerlo directamente en primera instancia, y ese servicio, por su propia naturaleza, tiene que sufragarse con fondos públicos, aunque quien lo preste sea un proveedor privado. Los proveedores no tienen que acudir a la Junta de Supervisión Fiscal ni al Departamento de Hacienda para reclamar el pago de un servicio que ya ofrecieron.

No aguantamos más. Es insostenible. No vamos a seguir tocando puertas ajenas para cobrar lo que el Departamento de Educación nos debe. La responsabilidad no se delega, no se diluye entre agencias y no se le traslada al proveedor. Quién falló tiene que asumir su falla, y quien tiene que pagar es el Departamento de Educación, expresó la Asociación.

La crisis actual tampoco puede analizarse de forma aislada. Se suma a múltiples asuntos que

APPSSRE ha denunciado durante los pasados meses, entre ellos el incumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo de revisar las tarifas del Programa, la ausencia de respuesta a los señalamientos realizados sobre el contrato 2026-2027 y la incorporación de disposiciones que restringen el acceso al Programa de Remedio Provisional. La acumulación de estas controversias aumenta la incertidumbre de los proveedores precisamente cuando el sistema se prepara para iniciar un nuevo año escolar. 

Ninguna de estas controversias ha recibido una respuesta por parte del Departamento de Educación, pese a haber sido planteadas oportunamente por APPSSRE mediante múltiples comunicaciones formales.

Mientras esto ocurre, el Departamento de Educación ha solicitado al Tribunal reducir de 11,000 a

1,000 diarios las multas impuestas por incumplimiento de la Sentencia por Estipulación en el Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez, alegando una gestión satisfactoria. APPSSRE rechaza esa narrativa. El cumplimiento de un Departamento no se mide por tareas puramente administrativas que no redundan en acceso a una educación pública gratuita y apropiada. Se mide por su capacidad de garantizar la prestación de servicios de calidad, continuos y estables a los estudiantes en todas las áreas que atienden directamente sus necesidades: terapias, servicios educativos, servicios suplementarios, transportación y otros.

Al cierre del año escolar pasado, proveedores de todas esas áreas de servicio directo se vieron

afectados por el impago, lo que impactó el acceso de los estudiantes a esos servicios. No es

casualidad que sea precisamente en las áreas de servicio directo donde el Departamento de

Educación haya obtenido las puntuaciones más bajas del Informe de Cumplimiento con la Sentencia por Estipulación: apenas 0.33 de 4 puntos en la categoría de Remedio Provisional, con hallazgos que documentan que ese mismo mecanismo creado para subsanar las fallas del sistema no está disponible para los estudiantes que debe proteger. Lejos de facilitar su acceso, APPSSRE sostiene que el Departamento lo ha desvirtuado e impuesto barreras que limitan su disponibilidad. Las puntuaciones relacionadas con acceso a evaluaciones y servicios relacionados también permanecen por debajo de lo esperado, sin contar otras áreas de impacto que ni siquiera quedan reflejadas en ese informe.

Frente a esa realidad, la conversación no debería centrarse en reducir las multas, sino en las

consecuencias que deben enfrentar quienes, mediante acciones u omisiones, continúan afectando el derecho de los estudiantes a recibir los servicios que la ley les garantiza.

La Gobernadora de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Educación, la Secretaría

Asociada de Educación Especial, la Unidad de Remedio Provisional y los demás funcionarios

responsables de la administración de este Programa deben actuar de inmediato para evitar que

continúe agravándose el daño que esta crisis ya está ocasionando a los estudiantes con diversidad funcional. De igual forma, la Monitora del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez, el Comisionado de Educación Especial y la representación legal de la clase deben ejercer, dentro del ámbito de sus respectivas funciones, las acciones necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y evitar que esta crisis continúe profundizándose. No existe justificación para permanecer en la inacción cuando aún es posible mitigar los efectos de esta crisis. Proteger el bienestar de los estudiantes también exige actuar de forma preventiva, anticipando las consecuencias de las decisiones y comisiones del Estado, y no limitarse a intervenir cuando el daño ya se ha agravado. 

APPSSRE lleva meses advirtiendo sobre esta situación y presentando alternativas para evitar que, una vez más, sean los estudiantes quienes carguen con las consecuencias. Sin embargo, nuestros reclamos continúan siendo ignorados por el Departamento de Educación y por el Ejecutivo.

APPSSRE exige al Departamento de Educación:

1. El pago inmediato de todas las facturas que ya excedieron el término de 30 días, sin dirigir a

los proveedores a otras agencias o instancias para exigir el pago.

2. El cumplimiento inmediato del compromiso asumido por el Ejecutivo de corregir las tarifas del

Programa. APPSSRE recuerda que su propuesta de corrección tarifaria fue sustentada. Alameda, quien concluyó que la estructura tarifaria requería una corrección mínima de 33.7 %

utilizando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Más recientemente, un análisis

económico independiente realizado por el economista Gustavo Vélez llegó igualmente a la

conclusión de que las tarifas actuales requieren una revisión para responder a la realidad

económica y a los costos operacionales del Programa. La evidencia económica es

consistente: la necesidad de una corrección tarifaria responde a criterios técnicos y objetivos,

no únicamente al reclamo de los proveedores. La obligación de garantizar una educación

pública gratuita y apropiada corresponde al Estado. Esa obligación no puede cumplirse

trasladando a los proveedores privados el costo de financiar un programa público mediante tarifas insuficientes, pagos tardíos o ambos. El Estado no puede pretender cumplir con un deber ministerial a expensas de la estabilidad económica de quienes hacen posible la prestación de los servicios.

3. Información oficial, oportuna, clara y completa sobre el nuevo proceso de facturación antes

de que comience el nuevo año escolar, y de manera inmediata si ello resulta necesario para

el desembolso de las facturas ya adeudadas.

4. Atender de manera inmediata las controversias relacionadas con el contrato del año escolar

2026-2027. APPSSRE reitera que dicho contrato, desarrollado unilateralmente por el

Departamento de Educación, incorpora cláusulas que no se alinean con la naturaleza de una

contratación privada. Entre ellas, la integración de una disposición vinculada al programa

School-Based Medicaid, que limita la selección de proveedores de Remedio Provisional por

parte de los padres cuando el proveedor no se encuentra credencializado bajo Medicaid.

APPSSRE sostiene que esa disposición es contraria a la ley IDEA y a la reglamentación

federal de CMS, constituyendo una nueva barrera de acceso a la educación pública gratuita y

apropiada.

Nuestros estudiantes no merecen comenzar un nuevo año escolar bajo las mismas condiciones con las que terminó el anterior. El Departamento de Educación todavía está a tiempo de corregir esta crisis, pero el tiempo se agota. Garantizar el acceso a los servicios no puede seguir dependiendo del sacrificio económico de los proveedores privados. Es momento de que los funcionarios responsables del Programa asuman plenamente la obligación que la ley les impone y actúen con la urgencia que esta situación, concluyó Concepción Rivera.