ACLU denuncia despliegue de ICE y alegada intimidación contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico

La directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona indicó: “Rechazamos de manera contundente el despliegue masivo de agentes de ICE, que en forma amenazante y con armas largas continúan ocupando las calles de comunidades donde es conocido que residen personas inmigrantes en diversos municipios. Como hemos denunciado antes, el ICE implementa una política claramente discriminatoria contra estas comunidades, realizando arrestos sin orden judicial, separando familias y entorpeciendo procesos migratorios en curso. 

Las acciones observadas desde el jueves y durante el fin de semana se suman al patrón de violencia sistemática y asecho contra nuestras comunidades inmigrantes y apunta a un aumento en estas intervenciones. Es indispensable que quede claro que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar las intervenciones y operativos del ICE. Es un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución. En Estados Unidos, hemos visto y denunciado represalias de parte de ICE y agencias federales contra personas que se encuentran ejerciendo ese derecho. Estas grabaciones constituyen una herramienta de fiscalización del poder gubernamental federal y estatal, y nadie debe sentir miedo o intimidación al ejercer ese derecho.

Urge detener esta escalada de parte del ICE. En Estados Unidos, desde la ACLU hemos documentado y denunciado un patrón de intimidación y violencia contra personas que ejercían sus derechos constitucionales, incluyendo agresiones y el uso de agentes químicos contra personas que observaban intervenciones, intimidación a manifestantes y periodistas, y represalias por criticar públicamente las operaciones migratorias. Estas acciones son fácilmente corroborables en casos como Tincher v. Noem, una demanda de la ACLU en Minnesota, donde además un ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, murió por disparos de agentes del ICE. Alex Jeffrey Pretti se encontraba ejerciendo su derecho constitucional de grabar y documentar las intervenciones del ICE. 

Este atropello no es solamente responsabilidad de las autoridades federales, sino también de la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, quienes ya sabemos -sin lugar a dudas- que facilitaron el trabajo sucio del ICE al entregar de manera voluntaria las direcciones residenciales e información confidencial de más de 6,000 personas inmigrantes en Puerto Rico. Tanto el gobierno federal como el estatal son responsables de la escalada de violencia que observamos de parte del ICE.