La senadora Nitza Morán defendió en El Calentón el Proyecto del Senado 1062, aprobado con 20 votos a favor y cuatro en contra, que establece protecciones adicionales para menores ante posibles intervenciones de agencias federales en planteles escolares relacionadas con inmigración.
Morán explicó que la medida busca evitar que un menor pueda ser removido de una escuela sin las garantías correspondientes y cuestionó que el protocolo anterior permitiera el acceso mediante distintos tipos de documentos. “Se le da una capa adicional de protección a este menor”, expresó.
En contraparte la exjueza Lauracelis Roques aclaró que la medida PS 1062 quita las protecciones a los menores que estaban bajo protocolo de Educación.
“Por ejemplo la protección de los salones de clase y los horarios lectivos que no se realizarán en esos horarios. Antes con el protocolo tenía que tener un espacio seguro, con esta ley dice que aún cuando se dé espacio se podría seguir, el protocolo tenía la exigencia de que tenía que estar padre o madre. Ahora, con la ley, pues es con algún funcionario escolar”, explicó.
ACLU de Puerto Rico alerta que enmiendas al P. del S. 1062 ponen en riesgo los derechos de la niñez inmigrante en las escuelas públicas
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico alertó este jueves sobre las graves implicaciones constitucionales de las enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1062, que podría ser llevado a votación durante el día de hoy y que, contrario a su propósito original, debilita las protecciones de la niñez inmigrante frente a intervenciones de las autoridades federales de inmigración en las escuelas públicas del país.
La medida fue presentada originalmente con el propósito de establecer mayores salvaguardas para estudiantes inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, así como proteger la confidencialidad de su información y datos personales. Sin embargo, las enmiendas introducidas por la Comisión de Gobierno y Educación desvirtúan esa intención y abren la puerta a intervenciones indebidas de agentes federales de inmigración contra menores de edad que se encuentran bajo el cuidado y la responsabilidad del Departamento de Educación, sin exigir claramente una orden judicial válida.
La ACLU de Puerto Rico advirtió que estas disposiciones comprometen el derecho constitucional a la educación pública, las protecciones contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad y las garantías de seguridad y protección que cobijan a toda la niñez, independientemente de su estatus migratorio.
“Las enmiendas en los artículos 3, 6, 7 y 8 del proyecto equiparan indebidamente las órdenes administrativas con las judiciales, eliminan salvaguardas esenciales para la divulgación de información confidencial y establecen restricciones que podrían impedir al personal escolar ejercer adecuadamente su responsabilidad de proteger los derechos de sus estudiantes”, sostuvo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Una orden administrativa no sustituye una orden judicial
La organización enfatizó que una orden administrativa de inmigración, expedida por funcionarios de agencias ejecutivas como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no equivale a una orden judicial
emitida por un tribunal y firmada por un juez.
Asimismo, sostuvo que el acceso de agentes federales de inmigración a espacios escolares protegidos para intervenir con menores de edad debe estar sujeto a garantías constitucionales estrictas, incluida la presentación de una orden judicial válida. Esta exigencia adquiere particular importancia cuando se trata de estudiantes que se encuentran separados de sus padres, madres o personas encargadas y bajo la custodia y responsabilidad de las autoridades escolares.
“Permitir intervenciones migratorias sobre la base de una orden administrativa o de expresiones ambiguas como ‘cualquier documento’ coloca a directores, maestros y administradores escolares ante directrices contradictorias, sin criterios objetivos suficientes para determinar la legalidad de los requerimientos federales”, subrayó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico.
La organización destacó, además, que la medida enmendada reduce protecciones ya contempladas en el Protocolo para el Manejo de información e intervención con personal y estudiantes ante la posible llegada de personal de seguridad de agencias federales o estatales, adoptado por el propio Departamento de Educación, que exige una orden judicial firmada por un juez ante intervenciones de agentes de inmigración.
Salvaguardas que podrían convertirse en trámites sin eficacia real
En cuanto a los artículos 7 y 8, la ACLU de Puerto Rico señaló que, aunque contemplan mecanismos como la notificación al secretario de Educación, la consulta al Departamento de Justicia, el aviso a los padres y el acompañamiento del menor, establecen que estas gestiones no podrán impedir, obstaculizar o retrasar las intervenciones de las autoridades federales.
Según la organización, esta restricción podría convertir las salvaguardas en trámites proforma, sin eficacia real para garantizar los derechos de los estudiantes.
En la práctica, el personal escolar podría verse presionado a permitir una intervención antes de recibir asesoría legal o de completar las gestiones necesarias para proteger al menor, ante el temor de que cualquier demora sea interpretada como una obstrucción a las autoridades federales.
La ACLU advirtió que la legislación no debe colocar a las comunidades escolares en una posición de vulnerabilidad ni generar incertidumbre sobre su responsabilidad de garantizar los derechos constitucionales de los estudiantes.
Menos protecciones para la información confidencial de estudiantes y familias
Por otro lado, la organización cuestionó la eliminación, en el artículo 6, del requisito de asesoría legal previa a la divulgación de información o datos de los estudiantes.
Esta modificación debilita una salvaguarda fundamental para prevenir la entrega indebida de información confidencial o sensible a las autoridades gubernamentales, particularmente cuando los requerimientos son imprecisos o no cuentan con las garantías legales correspondientes.
La ausencia de una evaluación jurídica previa aumenta el riesgo de divulgaciones contrarias al derecho a la intimidad y a las normas aplicables de protección de datos personales, con posibles consecuencias para estudiantes y sus familias.
La ACLU de Puerto Rico insistió en que las escuelas públicas deben constituir espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo de la niñez, y no escenarios en los que el temor a intervenciones migratorias comprometa el ejercicio del derecho a la educación.
Ante la posibilidad de que el P. del S. 1062 sea sometido a votación, la organización hizo un llamado al Senado de Puerto Rico a no aprobar la medida en su versión enmendada y a restituir las salvaguardas constitucionales y los mecanismos de protección que motivaron su presentación original. La organización reiteró que ninguna legislación dirigida a proteger a la niñez inmigrante debe terminar facilitando las mismas intervenciones de las que originalmente procuraba protegerla.
