La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) convoca a una manifestación pública para reclamar atención inmediata a controversias que continúan afectando el acceso a servicios para miles de estudiantes del Programa de Educación Especial.
Como parte del compromiso público asumido con la población de Educación Especial, el Ejecutivo suscribió acuerdos con APPSSRE a través del secretario de la Gobernación Francisco Domenech dirigidos a atender asuntos fundamentales relacionados con el Programa de Remedio Provisional, incluyendo la corrección tarifaria. APPSSRE cumplió su parte: levantó el campamento frente a La Fortaleza confiando en la palabra empeñada, agotó los canales e intentó el diálogo en seguimiento a lo acordado. Presentamos propuestas. Presentamos evidencia. Recibimos silencio.
A semanas del inicio del año escolar 2026-2027, más de 69,000 servicios de terapias permanecen sin ofrecerse a estudiantes del Programa de Educación Especial. Los asuntos que continúan sin resolverse trascienden el tema tarifario y apuntan a una transformación progresiva del Programa de Remedio Provisional que lo aleja de su naturaleza jurídica original: un contrato 2026-2027 distanciado de la contratación privada reconocida por la Sentencia en el Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez, retenciones económicas y controles propios de una relación contractual con el Estado. La situación se agrava mediante restricciones que limitan y dificultan la incorporación de nuevos proveedores, el desplazamiento de los padres del proceso de selección, la retención indebida del 1.5% aplicada al sector privado y la ausencia de una corrección tarifaria atemperada a la realidad del mercado.
El Estado ha ocupado progresivamente el Programa de Remedio Provisional hasta convertirlo en un mecanismo de control sobre el sector privado. Lejos de resolver las deficiencias que dieron origen al Remedio, las condiciones impuestas han contribuido a perpetuarlas y, peor aún, a trasladarlas al propio Programa de Remedio Provisional, debilitando el mecanismo creado por el Tribunal para atender esos incumplimientos.
Desde 2015, las tarifas del Programa de Remedio Provisional acumulan un rezago estimado de 33.7%, conforme al deflactor implícito del PIB confirmado por la Junta de Planificación de Puerto Rico. El impacto económico es concreto: un proveedor con 50 sesiones mensuales absorbió una pérdida acumulada de aproximadamente $44,600 en once años, un ahorro equivalente para el Estado a costa del sector privado.
Cabe aclarar que ese pago no va directo al bolsillo del especialista: sostiene una estructura que incluye renta, utilidades, materiales clínicos, personal administrativo y cumplimiento regulatorio. Mientras tanto, el programa Medicaid del Departamento de Salud paga $81.44 por la misma sesión de terapia de habla y lenguaje que en Remedio Provisional paga a $50.00, lo que convierte la migración de especialistas hacia otros sectores en una consecuencia inevitable.
El asunto tarifario no constituye únicamente una discusión presupuestaria. Responde a una decisión administrativa de mantener tarifas que, según APPSSRE, no reflejan la realidad económica ni promueven las condiciones necesarias para la sostenibilidad del Programa de Remedio Provisional, en contravención de la naturaleza y los propósitos reconocidos por la Sentencia por Estipulación del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación. Los más de 69,000 servicios sin ofrecerse reflejan el impacto documentado de una combinación de factores que, según APPSSRE, incluye la ausencia de una corrección tarifaria y otras decisiones administrativas que han debilitado el Programa de Remedio Provisional.
“Los estudiantes son el centro de este reclamo. Cada medida que limita la disponibilidad de especialistas dificulta la participación del sector privado o restringe las alternativas disponibles para las familias lo que termina impactando directamente a los estudiantes que dependen de estos servicios. El Estado no puede responder a sus incumplimientos transformando en un mecanismo de control el remedio que fue diseñado para corregirlos”, expresó APPSSRE.
Hacemos un llamado urgente a todos los funcionarios e instituciones con la responsabilidad legal y moral de proteger a la población de Educación Especial para que intervengan de manera inmediata y adopten las medidas correctivas necesarias. No actuar ante una realidad ampliamente documentada equivale a permitir que continúen afectándose los derechos de una población particularmente vulnerable que depende de estos servicios para acceder a una educación pública, gratuita y apropiada conforme a la ley estatal y federal.
Han transcurrido meses desde nuestros múltiples acercamientos al Ejecutivo y al Departamento de Educación sin que se hayan materializado respuestas concretas. La puerta del diálogo permanece cerrada por parte del Ejecutivo y de la Secretaría del Departamento de Educación.
Lo que exigimos ahora no son nuevas promesas, sino acciones concretas y medidas correctivas inmediatas.
APPSSRE reitera que lo que reclamamos no es un favor: es el cumplimiento de la Sentencia por Estipulación del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, que reconoce expresamente la naturaleza jurídica de contratación privada del Programa de Remedio Provisional. El propio Informe de Cumplimiento de la Monitoría correspondiente al año escolar
2024-2025 refleja que el Remedio Provisional obtuvo la puntuación más baja de las 19 áreas evaluadas 0.33 de 4 puntos, evidencia inequívoca de un incumplimiento reiterado y sistemático que el Estado tiene la obligación de corregir. El contrato 2026-27 debe estar alineado con la naturaleza jurídica que el Tribunal reconoció para el Programa de Remedio Provisional.
La manifestación se llevará a cabo el martes, 30 de junio de 2026, a partir de las 7:30 a.m. en el área de Hato Rey. Solicitamos el cumplimiento de los acuerdos. El lugar específico será comunicado a través de nuestras redes sociales y comunicados.
Los estudiantes no pueden seguir esperando. No es admisible que quienes tienen la obligación ministerial y legal de protegerlos sean precisamente quienes los coloquen en situación de vulnerabilidad.
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