Cámara de Representantes da paso a proyecto que elimina delegación congresional

La Cámara de Representantes aprobó hoy martes, en sesión ordinaria, una medida para derogar la Ley 167-2020, conocida como “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”. 

Al inicio de la discusión del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales tomó un turno y sostuvo que una de las principales causas para aprobar esta medida es porque los cabilderos no están cumpliendo la función de su ley habilitadora.

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“Hace dos días, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que la estadidad no tenía ambiente en Washington, D.C. Entonces, si los delegados de la estadidad no están haciendo su función obligada en ley y el primer mandatario lo reconoce, por qué vamos a seguir gastando dinero, sacando fondos del pueblo de Puerto Rico para llevar una agenda partidista en Washington”, expresó el representante Joel Sánchez Ayala.  “Entre salarios y bonificación hay un gasto total de $120 mil dólares al año por cada cabildero. En todo eso se ha gastado más de un millón de dólares y no vemos resultado del estatus para Puerto Rico”. 

En tanto, Márquez Lebrón expresó que “la descolonización es un imperativo para Puerto Rico: todo asunto del que depende nuestro futuro está vinculado, de una forma y otra, a nuestra relación con los Estados Unidos. Las fuerzas políticas del país han declarado su aspiración de superar esa realidad colonial, pero esa aspiración no ha encontrado un cauce efectivo”.

“Hemos visto un mal uso de fondos públicos y este es el momento en que votando a favor de este proyecto de ley el país gana”, apuntó el representante pipiolo.

Ante esto, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló abundó que la voluntad del pueblo puertorriqueño fue avalar la igualdad para todos los ciudadanos. “Pueden traer los proyectos que quieren aprobar en esta Asamblea Legislativa, pero no van a poder ir en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico”. 

Cabe resaltar que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron una medida que tenía la misma intención del proyecto de ley en discusión, pero el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo vetó el pasado 20 de abril de 2021. Por otra parte, se dio paso a la Resolución de la Cámara 352 que investiga el Departamento de la Familia (DF), la Defensoría de las Personas con Impedimentos, los centros de servicios a envejecientes y organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“Nuestra isla atraviesa una crisis económica que se ha agravado con los efectos devastadores de los huracanes Irma y María, y los adultos mayores necesitan un buen trato. Es por eso que es meritorio examinar la operación, el funcionamiento y el presupuesto asignado a estas organizaciones sin fines de lucro, así como las agencias gubernamentales y dichas instituciones cumplan con sus deberes ministeriales en todo momento”, planteó la coautora de la medida, Lisie Burgos Muñiz.