La abogada Rosa Vázquez aseguró que la remoción del menor de cuatro años que murió mientras se encontraba en un hogar sustituto en Arecibo respondió a que su vida corría peligro, tras un caso de violencia doméstica.
Las expresiones surgen luego de que la madre del niño, Shelsy Rivera Rivera, residente de Jayuya, exigiera respuestas al Departamento de la Familia por la muerte de su hijo y cuestionara el manejo del caso por parte de la trabajadora social encargada.
“Yo le di a ella dos nenes bellos, gorditos y saludables, y ella me está entregando uno en una cajita y la otra que está en el hogar, y no tengo respuesta de ella”, expresó la madre a la prensa.
Ante los cuestionamientos sobre por qué el menor fue removido del hogar materno si la madre fue quien recibió el abuso, Vázquez sostuvo que presume que el procedimiento se realizó conforme a la ley.
“La primera remoción la hace un funcionario del departamento que tiene capacidad para remover por al menos 72 horas sin ir a un tribunal. Así que ese trabajador social del departamento tiene que entender que hay un riesgo inmediato para la vida o salud de ese menor, que lo consulta con un supervisor”, explicó.
La abogada añadió que, dentro de ese término de 72 horas, el caso debe presentarse ante un tribunal para que un juez evalúe la remoción, escuche a las partes y determine si existe un riesgo que justifique mantenerla.
Por otro lado, Vázquez señaló que también habría que examinar la posible responsabilidad de las personas que estaban físicamente a cargo del menor en el hogar sustituto. Explicó que, aunque estos hogares operan mediante contratos, sus responsables no necesariamente cuentan con la misma inmunidad que protege al Estado en determinadas circunstancias.
“Hay una presunción de que el Estado no es negligente intencionalmente, pues la responsabilidad del Estado es bastante limitada, pero hay que ver qué pasó con las personas que físicamente estaban allí que no son funcionarios del Estado”, indicó.
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