Comisión de Salud investigará irregularidades en proceso de renuncia de epidemióloga Wilmarí De Jesús

Una serie de acciones de reservar estadísticas, publicar nuevos parámetros sin discusión previa y eliminar la rendición de cuentas establecida como base primordial de este proceso fueron las razones que provocaron que la demógrafa Wilmarí De Jesús Álvarez, exjefa del sistema de vigilancia escolar del COVID-19, renunciara a ese cargo en el Departamento de Salud (DS) el pasado junio.

Así lo reveló la exdirectora en una vista cameral de la Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, celebrada este miércoles. Mediante la Resolución de la Cámara 435 (RC 435), el cuerpo legislativo investiga las razones que obligaron la salida de la demógrafa, así como las denuncias relacionadas al funcionamiento de la Oficina de Epidemiología de la agencia.

En su turno como deponente, De Jesús Álvarez detalló una cronología de eventos desde que inició sus labores en Salud en agosto de 2020 hasta el 14 de junio de 2021, integrando el equipo que manejó la pandemia. Según sus planteamientos, los sucesos que desembocaron en su renuncia comenzaron en febrero de 2021, cuando alertó su preocupación por la falta de un protocolo sobre el retorno de clases presenciales, a pesar de que el gobierno había indicado una fecha de apertura de escuelas para el 3 de marzo de 2021.

La exfuncionaria señaló que, como resultado de la falta de cooperación de la Oficina de Epidemiología, recayó sobre su equipo de trabajo redactar el protocolo de las escuelas para el retorno a clases presenciales. Tras una reestructuración llevada a cabo dentro de la agencia, a mediados de mayo recibió una carta en la que se le indicaba que sus funciones caían bajo esta oficina, por lo que se reportaría al doctor José Becerra como principal oficial de Epidemiología y al doctor Miguel Valencia como subdirector.

A partir del 16 de mayo, De Jesús Álvarez y su equipo empezó a recibir por parte de los epidemiólogos documentos oficiales en los cuales se enmendaban los protocolos establecidos para las escuelas, y que aparentaban estar adscritos a su vigilancia. 

Aunque contenían la firma de Valencia, la deponente alegó que no habían sido compartidos con su oficina de forma oficial, pues fueron recibidos por los equipos municipales de epidemiología y las comunidades escolares.

“Esa no fue la única vez en que me llegaron documentos oficiales por las comunidades escolares o por los equipos de epidemiología sobre directrices que impactaban a las instituciones educativas y que no fueron consultados ni compartidos de forma oficial con nuestro equipo”, destacó De Jesús Álvarez en su testimonio.

La exdirectora refutó que ninguno de los documentos producidos a partir del 21 de mayo de 2021 fueron consultados o producidos por su equipo de vigilancia, pese a que los empleados administrativos de Salud citados en la pasada vista pública expusieron a la comisión cameral que estos fueron desarrollados y compartidos con su oficina previo a divulgación.

La demógrafa abundó que tampoco fue consultada ni avisada sobre la instrucción del 7 de junio de 2021 a los epidemiólogos municipales de detener las inspecciones a los planteles escolares de forma indefinida. Esta directriz, de acuerdo con la exdirectora, retrasó el proceso de preparación y colocó tanto a los equipos municipales como a la comunidad escolar en un estado de incertidumbre.

La demógrafa agregó que las estadísticas y la mayoría de los informes se compilaban y calculaban diariamente, incluyendo fines de semana y días feriados. Los informes se continuaron publicando en la página del DS de forma ininterrumpida hasta el 28 de abril de 2021 y compartidas con las comunidades escolares por medio del BioPortal. El 5 de mayo de 2021 se envió el informe a la prensa, pero por algún motivo que aún desconoce, no se hizo disponible en la página de la agencia.

A preguntas de Higgins Cuadrado, la exempleada aseguró que la reevaluación de los indicadores epidemiológicos estaría a cargo de los doctores Becerra y Valencia.

“Ha quedado evidenciado el entorpecimiento de las labores que nosotros estábamos haciendo, de por qué tomamos la decisión (de renunciar) y de cómo fueron las interacciones que tuvimos en reuniones con estas personas, no solo hacia mí, sino a mi equipo de trabajo, donde se prohibió que se compartiera información conmigo”, impugnó De Jesús Álvarez.

“Yo estaba recibiendo una compensación por el trabajo que estaba haciendo en el Departamento de Salud, y no creo que es justo ni para el Gobierno de Puerto Rico ni para las personas que yo siga cobrando por un trabajo que me están impidiendo hacer”, enfatizó.

La presidenta cuestionó la directriz establecida por el gobierno para el regreso a los planteles escolares luego de que la deponente reconoció que, previo a su renuncia, hubo recomendaciones de su oficina que no se adjudicaron completamente y otras que fueron cambiadas.

“Considera que la orden de que se le dejara la decisión a las escuelas de poder autocertificarse o que tomaran las medidas necesarias para el regreso a clases, ¿esa instrucción fue correcta?”, preguntó Higgins Cuadrado.

“Fue errónea. En la medida en que nosotros no sabemos qué está ocurriendo en nuestros planteles, tenemos que pensar en la salud pública como un ejercicio colectivo”, puntualizó De Jesús Álvarez.

“¿Expone a los niños del país?”, continuó la representante del Partido Popular Democrático (PPD). “Sí”, respondió la deponente.

Intenso interrogatorio a Danilo Pérez El representante Juan Oscar Morales Rodríguez inició un enérgico interrogatorio al licenciado Danilo Trinidad Pérez-Rivera, quien igualmente presentó a la comisión cameral la línea de tiempo que culminó en su salida del DS como coordinador a nivel central del análisis de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC).

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) señaló al deponente de ser objeto de una investigación en el Departamento de Justicia y las autoridades federales por supuestas intervenciones ilegales con la información a la cual tuvo acceso en Salud. Sin embargo, Pérez- Rivera – actual director ejecutivo de la Coalición de Salud de Puerto Rico (Cosaco) – reiteró que no tiene conocimiento de ninguna querella en su contra, supuestamente remitida el pasado 5 de agosto.

Morales Rodríguez puso en duda las funciones del también licenciado luego de que el deponente admitió que inicialmente fue contratado por la agencia en julio de 2020 como epidemiólogo, a pesar de que no ostenta ese título. Ese contrato, según Pérez-Rivera, duró tres meses. “¿Hacía funciones de acuerdo al puesto que le pusieron ahí?”, indagó el Representante.

“A mi entendimiento, mi supervisora le puede dar la contestación”, respondió el deponente en referencia a la epidemióloga Fabiola Cruz, quien se encontraba presente en la vista pública en modalidad virtual. Cruz renunció a su puesto como directora del SMICRC el pasado febrero.

“No está contestando preguntas, y para mí es bien importante que él nos diga si hacía funciones relacionadas con el puesto por el cual fue contratado. Lo está evadiendo”, refutó Morales Rodríguez. El deponente evitó contestar la pregunta a pesar de que la presidenta de la comisión lo emplazó a que respondiera.

Durante la vista pública trascendió que De Jesús Álvarez y Pérez-Rivera no contenían contratos con Salud, pues fueron recluidos mediante los servicios prestados de la empresa de colocación de empleo Manpower. Mientras, Cruz divulgó que al llegar Pérez-Rivera al DS, el doctor Becerra le comunicó que no podía contratarlo tras un conflicto que surgió entre ambos en el ambiente de Cosaco. 

“Yo no mezclo lo personal con lo profesional. Si Danilo en algún momento hubiese afectado el trabajo del Sistema y del Departamento de Salud, claro que entonces tenía que salir. Eso estábamos todos claro”, abogó la epidemióloga.

La exdirectora añadió que posteriormente se suscitaron problemas con el acceso a la información, pues los datos a ser analizados por Pérez-Rivera no estaban siendo suministrados a su oficina. En ese momento, de acuerdo con Cruz, el doctor Becerra tenía privilegio de acceso a los datos por su relación con el doctor Valencia.

“El doctor Becerra sale de la ecuación y el doctor Valencia también. Danilo tiene entonces acceso a los datos y todo el equipo de trabajo, y ahí fue que pudimos comenzar bien fuerte a trabajar y producir análisis”, recapituló la epidemióloga.

En la continuación del interrogatorio de Morales Rodríguez, el deponente rechazó alguna violación a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, en inglés) al compartir información confidencial de Salud mediante sus correos electrónicos profesionales. No obstante, reconoció que nunca tuvo un correo electrónico con dominio de la agencia.

Asimismo, denegó haber residido en Nueva York mientras laboraba en el DS, pues afirmó que los estudios que conducía en una universidad de ese estado eran de forma remota. “Nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia que confirme lo que él (Morales Rodríguez) estaba mencionando sobre el licenciado Pérez”, dijo Higgins Cuadrado al concluir los trabajos.

“Quería dejar eso claro para récord. No tengo ningún tipo de información. Esta comisión no tiene ningún tipo de información, y el tampoco sometió ningún tipo de información”.