La Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica en Puerto Rico se ha posicionado en contra del Proyecto del Senado 61, que propone que los confinados puedan trabajar con empresas privadas, pero bajo una paga que no han favorecido por entenderla como muy baja.
La medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y Joanne Rodríguez Veve, se da en el marco en el que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha hecho un acuerdo colaborativo con la empresa Goodyear.
Según el padre Oscar Granados, aunque la medida tiene una intención es buena, hay que mirarla con detenimiento para que no sea mayor el daño a la fuerza laboral. Para él, no establece garantías justas de sueldo, aunque sobre el particular la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, introdujo una enmienda al proyecto para que se pague el salario mínimo federal.
“Supongamos que esta empresa, Goodyear, quiere un ingeniero, que los hay en las cárceles. Pues entonces, si la ley establece que es el salario mínimo federal, y no establece el precio o la remuneración que se da en el mercado o según la paga del mercado, el empleador podría hacer uso de esa ambigüedad en el proyecto y decide pagarle a ese empleado, a ese ingeniero, el salario mínimo federal porque no estaría obligado a pagarle más porque es un recluso que él está contratando“, indicó al añadir que el confinado no recibiría tomar beneficios que se otorgan en la libre comunidad, como son el periodo de vacaciones o la licencia por enfermedad.
El padre estuvo de acuerdo cuando se le planteó que se trata de una forma de tratar a los confinados como seres de segunda o tercera clase para ahorrar costos a la empresa privada.
Igualmente, tronó contra la senadora Rodríguez Veve por el lenguaje crudo del proyecto, y destacó que le parece inaudito que venga algo así de su parte, que no aporte verdaderamente a la rehabilitación y que cuente con las voces de los confinados.
Por su parte, Santiago Negrón indicó que “nosotros la votamos a favor, incluimos la enmienda que se pudo consensuar en ese momento en el hemiciclo de que se incluyeran condiciones aplicables a cada industria, salario mínimo y otras condiciones de trabajo, refiriéndonos a algunos de los elementos que se mencionaron, beneficios marginales, etcétera“.
Además, detalló que deberá establecerse mediante reglamento cómo el DCR administrará dichos pagos de los confinados, y reconoció la validez de las preocupaciones que se han levantado sobre la medida.
“Y como estaba el proyecto original, habría permitido un subsalario, que es el que devengan las personas privadas de libertad y esta, ciertamente, es una condición de trabajo inaceptable“, añadió.
La medida pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
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