Contralora anticipa informe de señalamientos contra municipio de Cataño y empleados municipales
En el pasado, se denunció que hubo un uso ilegal de vehículos oficiales, así como una promesa de entregar enseres a cambio de votos
La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, informó hoy, viernes, que anticipa un informe de señalamientos contra el municipio de Cataño y empleados municipales, luego de que previo a las elecciones el candidato popular a la alcaldía de ese municipio por presunto fraude electoral.
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En el pasado, se denunció que hubo un uso ilegal de vehículos oficiales, así como una promesa de entregar enseres a cambio de votos por el incumbente Julio Alicea, y otras denuncias por presuntamente brindar asistencia a adultos mayores con el voto adelantado.
Al momento, la contralora indicó que su informe no necesariamente atenderá las denuncias iniciales que ya fueron resueltas en torno al alcalde, sino otros hallazgos que surgieron en el camino de la investigación.
“(Son investigaciones) pero no en cuanto a alcaldes. O sea, fuimos a ver qué había pasado con esto específico de que estaban llevando, que los empleados municipales estaban llevando a personas al correo y que les estaban diciendo cómo votar, etcétera. Pero cuando recibimos y buscamos información, hubo algunas otras cosas que, y por no decirles irregularidades, vamos a decir que le llamaron la atención a los muchachos y que se han seguido viendo“, explicó la contralora.
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Más irregularidades en otros pueblos
De otra parte, en el municipio de Morovis también cuenta con señalamientos de la Oficina del Contralor, ya que se emitió un pago de más de medio millón de dólares sin subastas ni las debidas cotizaciones para contratar servicios de limpieza de áreas verdes.
Sucede que el municipio contrató en 11 ocasiones a un empleado que no estaba rehabilitado, y, presuntamente, indicaron que no hicieron subasta alguna para la contratación porque se trataba se trataba de servicios profesionales.
“Yo sé que es importante que nosotros les demos segundas oportunidades a las personas, pero lo cierto es que tenían un empleado que no había sido rehabilitado, le dieron trabajo, aparentemente no pasó nada, pero lo cierto es que tú necesitas una certificación de la Oficina de Rehabilitación para tener este tipo de empleado de nuevo en el municipio“, afirmó Valdivieso.
Por lo anterior la Oficina se encuentra brindando adiestramientos a empleados del Gobierno que trabajan en áreas de contratación para evitar que se reproduzcan los mismos errores en más municipios, considerando la situación fiscal en muchos de ellos.
Según Valdivieso, desde la Oficina no buscan impedir la ayuda a personas que cuenten con el ánimo de ofrecer servicios al pueblo, sino que tienen un deber de velar tanto por los fondos públicos y las propiedades, así como del cumplimiento de las leyes.
“En Morovis los demandaron cuando cancelaron el contrato de recogido de basura y tuvieron que pagar 375 mil dólares al contratista que había demandado desde el 2018. Y volvemos, Morovis es un municipio que tiene superávit y no que el tener superávit quiere decir que puedas botar el dinero“, añadió la contralora.
Por su parte, en el municipio de Guánica hubo varios casos, uno de ellos siendo el que el municipio tuvo que pagar un millón de dólares a una compañía de recogido de basura, cuyo contrato fue cancelado en el 2015. Según la contralora, el pago fue, prácticamente, por hacer nada, puesto que había una disposición que determinaba que de haber problemas con el contrato, iría a arbitaje.
Igualmente, describió que el municipio tenía los estados financieros retrasados por tres años, algo que indicó que aunque podía entender debido a que presuntamente perdieron material de archivo importante tras los temblores, no les eximía de cumplir. Asimismo, informó que en cuatro de cinco proyectos de construcción no se cobró un arbitrio dispuesto de cinco por ciento y tampoco se tenían las fianzas requeridas.
