Activistas ambientalistas y residentes del barrio Islote de Arecibo anunciaron oficialmente sus radicaciones de en el Tribunal contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias para que cumplan con las leyes y reglamentos y garantizar el acceso público y un plan de manejo para la Reserva Natural Cueva del Indio.
“Para contexto, desde el 2016, José González Freire, a través de González Freire National Properties,
compró los terrenos aledaños a la Cueva del Indio, privatizó sus accesos y a través de la corporación Caracoles Bar & Grill, cobran de 10 a 35 dólares por persona por el acceso a este bien de dominio público”, explicó el organizador comunitario de Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681), Lauce Colón en Pega’os en la Mañana.
Colón puntualizó que la privatización de acceso es ilegal de acuerdo a la ley 112, conocida como la Ley para Crear el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico-Terrestre de Puerto Rico Adscrito al ICP.
“Así que día a día se comete un crimen y no se está haciendo nada al respecto y por eso es que la comunidad de Islote está demandando al Estado para que cumplan con las leyes y reglamentos que la protegen”, expresó el activista.
Además de las designaciones de las reservas, también se denuncia la falta de cumplimiento de la Ley 175-2003 para la creación de un Comité Interagencial para la Conservación y el Desarrollo de la Reserva Natural Cueva del Indio, el cual debía desarrollaría un plan de conservación, pero nunca se realizó.
Los grupos demandados convocaron una Marcha Comunitaria por la reserva este próximo domingo, 14 de abril a las 1:00 p.m., donde estarán denunciando los reclamos y solicitudes establecidas en los mandamus.
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