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Destituido presidente de la Universidad Interamericana demandará a la Junta de Síndicos de la entidad universitaria

El destituido presidente de la Universidad Interamericana Manuel J. Fernós adelantó el miércoles que demandará a la Junta de Síndicos de la entidad universitaria.

“La única diferencia que tuve con el presidente de la Junta de Síndicos fue por traer a su atención lo que entendí era un posible conflicto de interés de varios miembros de este organismo en un proceso de licitación de dicho cuerpo rector. La misma se traería a discusión de la Junta de síndicos en pleno durante el día de mañana miércoles, como iniciativa de un servidor”, dijo Fernós en declaraciones escritas.

Según Fernós, la actuación de la Junta de Síndicos, es “carente de fundamento ya que en ningún momento se le expresó ninguna razón específica para la destitución y, por el contrario, hace un mes recibió una comunicación de felicitación por parte de dicho organismo”.

“Era mi deber revelar y combatir cualquier acto que se apartara de las mejores prácticas de contratación de recursos y que pusiera en tela de juicio la credibilidad del máximo organismo rector de la institución”, añadió.

El ahora expresidente Manuel J. Fernós aseguró anoche desconocer las razones por las cuales fue destituido de cargo que ocupó por los pasados 23 años, pero señaló que no está relacionado a malos manejos de su parte.

Por el contrario, el abogado manifestó que él se aprestaba a realizar unas denuncias sobre unas posibles irregularidades en contrataciones realizadas por el presidente de la Junta de Síndicos de la Inter, José R. Muñoz Ávila.

“Creo que hay una junta mal informada, engañada, que tomó esta decisión sin darme la oportunidad de ser oído. Sin ninguna oportunidad de ser oído ni de informarme de qué se trata”, sostuvo Fernós en entrevista telefónica con este diario.

“El pleno de la Junta no tiene conocimiento de esto. Están tratando de acallar mi voz porque iba a denunciar irregularidades, no quiero decir corrupción, pero irregularidades en unos contratos de consultoría”, añadió, al señalar que se trata de “intervenciones indebidas” y “conflictos de interés” en procesos de licitación.

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