El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) acudirá al Tribunal Supremo de Puerto Rico para impugnar la celebración del plebiscito de estatus, a celebrarse el próximo 5 de noviembre en las elecciones generales, proceso que describieron como “inconstitucional, engañoso y fraudulento“.
“La convocatoria de este plebiscito, además de ser inconstitucional e ilegal, es un acto desesperado del liderato del PNP y otro intento burdo de engañar a los miles y miles de estadistas que sienten vergüenza e indignación por décadas de mal gobierno y corrupción a manos del PNP y que ya no se ven representados por esa colectividad.
Hoy anunciamos que hemos radicado directamente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico un recurso en el que impugnamos la constitucionalidad de esta convocatoria por decreto que ha hecho el gobernador para este plebiscito. Vamos a combatir este engaño en todos los foros. Es un engaño más, como el de los cabilderos de la estadidad, que le costó al pueblo cerca de un millón de dólares al año, y a miles de estadistas les hizo pasar el ridículo”, indicó en conferencia de prensa Juan Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación por el PIP y la Alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La demanda presentada argumenta, en el caso de la Ley 165, que se violenta la separación de poderes, la libertad de palabra, la igual protección de las leyes y el derecho al voto.
“Da trabajo encontrar en la jurisprudencia casos en que se evalúe una legislación que adolezca de tantas deficiencias constitucionales. Esta ley que estamos impugnando violenta el principio medular de la separación de poderes, que divide el poder gubernamental en tres ramas de gobierno, para evitar que ninguna de ellas controle y abuse del poder. En este caso la legislatura claudicó a su poder de legislar y le dejó al gobernador que había sido electo todo el poder de decidir si habría una consulta sobre estatus, qué preguntas se someterían a consideración del pueblo, cuándo se celebraría, la definición de las alternativas en la papeleta y los demás detalles de la votación. Pero además, la ley y la orden ejecutiva del gobernador limitan la libertad de expresión, la libertad de asociación política y menoscaba el valor del voto de quienes no esté de acuerdo con lo que proponga el gobernador. Eso solo ocurre en regímenes autoritarios y totalitarios”, dijo, por su parte, el licenciado Carlos Gorrín Peralta.
Por su parte, el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, se reiteró en que ya de por sí hay una cuarta papeleta sin valor, que es la de la votación simbólica por la presidencia de los Estados Unidos.
“Este recurso legal se presenta directamente al Tribunal Supremo, así que debe ser mucho más rápido y, sobre todo, porque estamos ya en el mes de agosto preparados para las papeletas y no puede tardar mucho más allá, así que nuestros planteamientos son claros y esperemos que así sean acogidos. […] (Estamos pidiendo) que no se lleve a cabo ese proceso, esa consulta. […] Ya hay una legislación aprobada para una cuarta papeleta de un voto simbólico por el presidente de Estados Unidos, algo que parece ridículo, pero está aprobada legislativamente. Esa sería la cuarta papeleta. Ahora, el gobernador, con el apoyo de Jenniffer González, quieren una quinta papeleta […] que no tiene ningún valor alguno“, aseguró.
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