El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó el Proyecto del Senado 1125 para crear la Ley del Programa de Cuentas de Ahorro Individual de Puerto Rico: Puerto Rico Ahorra, una medida dirigida a ampliar el acceso al ahorro para el retiro de los trabajadores que actualmente no cuentan con un plan patrocinado por su patrono.
No obstante, el asesor financiero Kevin Rodríguez señaló que, aunque la propuesta tiene buenas intenciones, aún debe afinarse para garantizar su efectividad y atender posibles áreas de mejora.
“En el macro lo que está pasando es que, número uno, el Seguro Social no le da a las personas para poder vivir. Entonces, indistintamente aporten o no aporten al Seguro Social, la realidad que vive el puertorriqueño es que ese cheque que les llega todos los meses no les va a dar para poder pagar el agua, la luz, la gasolina, la compra. El gobierno ahora de la noche a la mañana está diciendo, creo que la gente necesita un poco de más dinero, pero la realidad es que este problema viene desde hace muchos años atrás. La medida tiene quizás buenas intenciones. ¿Está diseñado de la mejor manera en estos momentos en la propuesta? La realidad es que no”, sostuvo Rodríguez.
Por otra parte, el presidente del Senado dijo: “La realidad es que miles de trabajadores en Puerto Rico —especialmente empleados de pequeñas empresas, autoempleados y contratistas independientes— no tienen acceso a mecanismos formales para ahorrar para su retiro. Esta medida crea una herramienta moderna, voluntaria y responsable que permite a nuestra gente prepararse para el futuro, sin crear nuevas cargas fiscales ni pasivos para el Gobierno”.
El proyecto establece un programa estructurado bajo el modelo de autoinscripción (“Auto-IRA”), ya implementado en múltiples jurisdicciones de Estados Unidos. Los fondos aportados por los trabajadores serán depositados en cuentas individuales a su nombre, custodiadas e invertidas por instituciones financieras privadas reguladas, garantizando una estricta separación entre el Estado y el dinero de los participantes.
La legislación crea además una Junta con deber fiduciario expreso, encargada de definir la política de inversión, supervisar a los proveedores privados y asegurar transparencia, rendición de cuentas y la protección de los participantes.
Asimismo, se establece un Fondo Administrativo separado con límites estrictos a los gastos y un plan de autosuficiencia financiera.
