El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, dio a conocer el viernes que el organismo radicó un recurso ante la Corte Federal para unirse como amigo de la corte en el caso sobre la Ley 29, en el que el organismo advierte al Tribunal que la anulación de la mencionada ley conllevaría que unos 35 municipios quedaran al borde de la quiebra.
Indicó que en el recurso legal el CRIM expone, que la vigencia de la Ley 29 ha representado un respiro para las arcas de los municipios, pues los exime de la aportación que los ayuntamientos venían obligados a hacer para el Plan Vital de Salud y el “Paygo”.
“Estos pagos representan para los municipios un impacto económico sustancial en sus presupuestos, por lo que la Ley 29 evitó que muchos municipios pequeños colapsaran, mientras que para los municipios grandes hubiera significado una reducción dramática en los servicios esenciales, en áreas neurálgicas como salud, seguridad educación y de recogido de basura, entre otros” , sostuvo el alcalde de Cidra en una comunicación escrita.
Añadió, que obligar a los municipios a desembolsar esos fondos tendría un efecto devastador para los ayuntamientos, que no podrían resistir ese impacto en presupuestos que ya han sido impactados con reducciones en los pasados años.
Alegó, que de igual forma, se afectaría la economía de los municipios pues, el efecto directo en los ciudadanos creará un efecto dominó que se sentirá en todas las áreas del quehacer en los ayuntamientos.
Este recurso legal atiende una demanda radicada por la Junta de Control Fiscal (JCF) en contra del gobierno de Puerto Rico, alegando la nulidad de la Ley 29 entre otras leyes y resoluciones aprobadas que impactan el presupuesto general del gobierno. Si el Tribunal Federal, da paso a esa petición y declarara nula la Ley 29, conllevaría la devolución de todos los recursos económicos desembolsados bajo esa Ley.
“Para los municipios esto representaría la obligación de desembolsar de inmediato decenas de millones de dólares, recursos con los que no cuentan”, indicó el presidente de la Junta del CRIM.
Finalmente, Carrasquillo enfatizó que las pasadas emergencias han evidenciado la efectividad de los municipios como primera línea de servicio a los ciudadanos y explicó que el recurso solicita al Tribunal que mantenga la vigencia de la Ley 29 para beneficio de todos los puertorriqueños, que reciben servicios directos de los municipios.
