La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, comentó que el poder legislativo tiene un límite para solicitar documentos al Departamento de Justicia cuando hay investigaciones en curso.
“El Departamento siempre va tener una protección…es natural que mientras hayan investigaciones en curso, obviamente hay una protección a documentación que no se va ser público, así se desliga”, aseguró en entrevista en RADIO ISLA.
Ayer, la secretaria Justicia, Dennise Longo Quiñones, indicó que se presentó una Moción de Reconsideración y de Relevo de Orden ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en el caso presentado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, solicitando que el Tribunal ordene que el Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales entregaran copia fiel y exacta del Informe Preliminar Investigativo de los Almacenes de Ponce.
“Establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso del Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría la intervención indebida de una rama sobre los poderes de otra. Por tanto, esperamos que el Tribunal acoja nuestros planteamientos para hacer valer el ordenamiento constitucional de separación de poderes. Concluir lo contrario, sería reconocer que ahora una comisión legislativa podría convertirse en una entidad de “law enforcement” o de cumplimiento de ley, permitiéndole así usurpar los poderes constitucionales delegados a la Rama Ejecutiva”, recalcó la titular de Justicia en comunicación escrita.
En el escrito sometido, se le solicita al Tribunal que exima a los funcionarios de la producción de dicho documento dado a que el informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de la información recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación en curso, el mismo es confidencial y no puede ser divulgado por disposición de ley.
Longo Quiñones indicó que “ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha restringido, sin excepción alguna, la confidencialidad de la información recopilada por el Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso. Reconocer y mantener la confidencialidad del expendiente investigativo no limita o perjudica de manera alguna el que la Comisión Especial lleve a cabo su propia investigación, cite a los funcionarios que entienda necesarios para cuestionarles y llegue a sus propias conclusiones para obtener conocimiento de la legislación que sea necesaria adoptar para enfrentar problemas futuros con el manejo de suministros. Es por esto que sometemos al Tribunal que ordenar la entrega del informe es contrario a derecho”.
Por su parte, el portavoz de la Mayoría en la Cámara de Representantes y presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló, lamentó la decisión del Departamento de Justicia y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de ir al Tribunal de Primera Instancia para que se reconsidere dar acceso a la legislatura al informe de los almacenes de Ponce.
“Respetamos la decisión del Departamento de Justicia y el NIE de acudir a los foros judiciales en oposición a la orden emitida. Lamentamos mucho que estas entidades no quieran colaborar con la transparencia en los procesos gubernamentales que nuestros ciudadanos exigen”, declaró Rodríguez Aguiló en declaraciones escritas.
No obstante, agregó que “la Cámara de Representantes continuará defendiendo sus prerrogativas y facultades constitucionales, según la reconoció el Tribunal al emitir su Orden”.
