Empleados de la Autoridad de Carreteras denuncian intervención de la agencia sobre beneficios del plan médico

El derecho a la salud de los trabajadores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha sido trastocado ante el nuevo modus operandi para recibir los servicios de su plan médico, puesto que, presuntamente, ahora se ha establecido a un intermediario que decide a qué medicamentos y procedimientos médicos puede acceder un empleado.

Bajo condición de anonimato, una empleada de la agencia denunció en entrevista con Radio Isla que compañeros pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes se ven limitados de acceder a sus medicinas debido a procesos burocráticos al interior de la Oficina de Plan Médico de la Autoridad.

“Desafortunadamente, esa no ha sido la experiencia de, prácticamente, el 90 por ciento de los empleados de la Autoridad de Carreteras. Todos han tenido algún tipo de problema con MCS. MCS está pidiendo el diagnóstico del empleado, está pidiendo laboratorios, está pidiendo justificaciones, está pidiendo el fallo terapéutico. O sea, que si estás utilizando un medicamento, pues ellos quieren saber si ya utilizaste otro medicamento más económico y no te funcionó y es por eso que te cambiaron el medicamento. O sea, ellos están pidiendo todo“, indicó la funcionaria al describir que el proceso ha sido horrible.

Presuntamente, el encargado de dicha división del plan médico, José Colón, un empleado “bien antiguo” en la ACT, debe autorizar las recetas de los empleados para que puedan acceder a sus tratamientos 一los cuales no deben ser interrumpidos一 pero a veces pasan semanas sin que se reciba una respuesta.

“José Colón nos ha dicho en innumerables ocasiones que nosotros tenemos que enviarle a él toda la información: diagnósticos, tratamientos, fallo terapéutico, recetas, toda la información del empleado y de distintas condiciones para que, entonces, él haga la gestión directamente con el plan médico. O sea, a nosotros se nos niega el servicio si vamos directamente a MCS. O sea, tenemos que hacer el ejercicio a través de la Oficina del Plan Médico de la Autoridad“, explicó al destacar que José Colón no es médico y no debe intervenir en los procedimientos, puesto que incurre en violaciones a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPPA, por sus siglas en inglés).

Según la empleada, el plan médico, que actualmente funciona como un “Cost Plus” (administrado por la aseguradora y perteneciente a la agencia), antes era manejado por Triple-S y en enero de este 2025 cambió a MCS Classicare bajo la promesa de que la cubierta, incluyendo los deducibles, permanecerían igual, algo que no sucedió. Mientras tanto, se rumora que el cambio también se implementará en otras agencias de Gobierno.

“Le pasó a alguien que conozco, otro de los empleados que tuvo esta experiencia, que fue a pagar un deducible. Le cobraron hasta de menos de lo que pagaba antes y le dijeron que era que había habido un problema y le estaban cobrando menos cuando teníamos Triple-S, pero que, realmente, ese no era el deducible. Que el deducible era más alto. O sea, lo pusieron a pagar más teniendo MCS. Y sí los deducibles han cambiado“, agregó la funcionaria, quien también mostró preocupación con la advertencia por parte de la administración de Donald Trump para elevar el costo de los medicamentos y cómo esto afectará a pacientes crónicos que trabajan en la Autoridad.

La empleada narró que en un principio a los empleados no les parecieron extrañas algunas movidas, pero sí levantó suspicacia el hecho de que, presuntamente, Triple-S debía enviar la información personal de los empleados a la nueva aseguradora, MCS Classicare.

Entre los cambios implementados por la oficina, ahora los empleados deben obtener un récord de su farmacia que indique la cantidad de veces que le han despachado un medicamento y por cuánto tiempo. Asimismo, las recetas que se admiten tienen refills para dos meses y no tres, como sucedía antes, mientras que algunas farmacias optan por no despachar medicamentos hasta que haya una autorización.

Igualmente, la Oficina de Plan Médico “aprueba” medicamentos que no necesariamente son los recetados por los médicos de los empleados. Hay quienes utilizan Mounjaro, Ozempic o Synjardy, que son más costosos, motivo por el cual también se les cuestiona a los trabajadores, puesto que hay farmacias que se han negado a despachar medicinas por dicho motivo. En esos casos, se les exige una autorización.

“Los empleados hasta han dicho que cada persona que utiliza mucho medicamento, si lo dejan sin medicamento dos, tres semanas, pues es un dinero que se ahorran. Porque aquí empleados que necesitan medicamentos de mantenimiento han estado sin medicamentos durante dos y tres semanas y hasta meses sin medicamentos porque no se resuelve el problema de las autorizaciones“, sentenció la empleada sobre la situación, que también lleva a los empleados a utilizar sus horas de enfermedad para acudir a citas médicas en las que se les despache una nueva receta por parte de su médico.

De hecho, la dinámica se ha exacerbado al punto de que les piden evidencia a los empleados sobre la necesidad de un medicamento.

“Yo tengo que ir a hacerme un A1C (estudio que mide la glucosa en sangre) para que tú me apruebes el medicamento. Mientras yo estoy bajo tratamiento, si tú me haces un A1C va a venir perfecto porque yo estoy bajo tratamiento. Yo tendría que dejar el tratamiento, que tú me hagas un A1C, que entonces el azúcar esté por encima de los niveles para que entonces tú me apruebes mi medicamento. Y entonces ¿el daño renal que tú me haces cada vez que se me sube el azúcar?“, cuestionó.

La empleada cuestionó si la alta gerencia de la ACT, dirigida por el ingeniero Edwin González Montalvo, también confronta los mismos problemas con el acceso al plan médico y si tienen la misma cubierta médica que los empleados regulares.

Asimismo, reiteró que la actual situación que enfrentan los empleados con el plan médico surge a raíz del Plan de Clasificación y Retribución establecido, que presuntamente prioriza puestos y salarios entre empleados nuevos frente a aquellos con más experiencia, conocimiento y preparación.

¿Buscan ahorros al interior de la agencia?

Este medio consultó con una segunda fuente al interior de la agencia, quien confirmó que la Autoridad de Carreteras busca ahorrar dinero para evitar que la Junta de Control Fiscal (JCF) modifique la aportación patronal al plan médico por una aportación fija y, por ende, los empleados incurran en parte del pago de la cubierta.

Presuntamente, los requerimientos de información de la Oficina del Plan Médico en miras a concretar ese ahorro responden a un aumento en gastos que ha tenido la agencia 一que invierte $9 millones en este beneficio一, destacándose el de la solicitud de medicamentos como Ozempic.

“La Autoridad (…) está buscando mantener sus gastos bajos. Por lo tanto, este requerimiento de documentos y eso va dirigido a eso, a tratar de mantener esos gastos bajos o dentro de alguna razonabilidad para evitar que la Junta de Control Fiscal obligue a la Autoridad a tener que eliminar o cobrarle a los empleados un por ciento del costo“, indicó.

Este empleado señaló, al igual que la fuente inicial, que si la agencia constata que los empleados no pueden someter evidencia de que no necesitan el medicamento, se lo niegan.

No obstante, este segundo empleado reconoció que el proceso ha sido confuso y burocrático, puesto que, en efecto, hay compañeros que han carecido de su tratamiento por periodos extensos. Asimismo, entiende que desde la Autoridad no ha habido una comunicación clara o nuevas instrucciones hacia la aseguradora para manejar los casos de otra forma.

“Yo lo que puedo presumir es que Carreteras les dio una instrucción de que ‘este medicamento siempre tienes que pedirle el laboratorio cada seis meses o esta cantidad’ o MCS motu proprio se lo pide porque eso es parte de sus procesos internos. […] Esa parte yo creo que no se ha dado de que la gerencia tenga una comunicación con MCS de (decir) ‘estoy teniendo un problema con esta instrucción. Vamos a cambiarlo porque estos empleados ya demostraron que tienen la necesidad’“, agregó.

Sobre la confidencialidad de los datos de los empleados, esta fuente aseguró que Colón se rige por una ley federal que le permite monitorear que el uso que se le esté dando a los fondos públicos sea el correcto.

Al momento, no pudo precisar si se han dado casos en los que empleados que no padezcan alguna condición se estén beneficiando de este tipo de medicamentos, pero sí le consta que empleados han mostrado molestia ante el aumento en los requerimientos de información ya conocida y el detente en los tratamientos. No obstante, narró que entiende que es algo que puede darse mientras todo cae en su lugar.

“Esto es algo en lo que la gente se acostumbra y la propia MCS va viendo a ver cómo es que funciona y establece los mecanismos en conjunto con la Autoridad para no estar pidiendo tantos documentos, quizá en algunos casos, en algunos casos sí. Pero no sé si ese proceso, esa comunicación se ha dado“, reiteró al detallar que nadie se ha reunido con los empleados para saber de primera mano cuáles son las quejas.

Alegadamente, en el último proceso de subasta Triple S no presentó una propuesta competitiva frente a la de MCS, que fue el postor más bajo por un millón de dólares y con la mejor oferta de cubierta, según la fuente. Sin embargo, no supo indicar por qué la nueva aseguradora tarda más en autorizar procesos o tratamientos.

Este medio solicitó una entrevista directamente con el encargado del área de planes médicos, mas la oficial de prensa de la ACT indicó que no es un portavoz para hablar sobre el tema. Tampoco pudimos conversar con un portavoz del área de Recursos Humanos en la agencia que explicara la situación, a pesar de que se hizo la solicitud correspondiente.