En prisión hombre con amplio expediente criminal sospechoso de asesinar a una mujer en Manatí

Hermes Ávila Vázquez, el hombre sospechoso de asesinar a Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí, fue ingresado en la cárcel de Bayamón el lunes tras no prestar una fianza de $4 millones que le impuso la jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien encontró causa probable para arresto por todos los cargos imputados por la Fiscalía.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Arecibo, compuesta por Lucianne Sánchez Serrano e Ismael Ortiz Roldan, presentó cuatro cargos contra Ávila Vázquez, de 52 años por asesinato en primer grado, en la modalidad de feminicidio íntimo; destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo al amparo del Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas y la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular de Puerto Rico.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de mayo.

Según la investigación del agente de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) Roynashmil Rodríguez Martínez, el sospechoso apuñaló a la víctima, de 56 años y residente en Vega Baja, hasta provocarle la muerte en hechos ocurridos en la madrugada del domingo, cerca de la playa Los Tubos.

Posteriormente, el perjudicado dispuso del cadáver dejándolo en una vía pública del municipio

Ávila Vázquez cuenta con un amplio expediente criminal y fue procesado en el 2005 por delitos de asesinato en primer grado, secuestro agravado, agresión sexual, robo, actos lascivos, perjurio, declaración o alegación falsa sobre delito y violaciones a la Ley de Armas.

Asimismo, su información forma parte del Registro de Ofensores Sexuales. Por el asesinato de hace casi 20 años se le impuso una sentencia de 122 años.

Mientras, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, pidió investigar si el hombre mintió sobre su condición de salud para quedar en libertad en abril de 2023 tras alegar problemas de movilidad que le permitieron salir de la cárcel al amparo de la Ley 25.

Organizaciones feministas exigen explicaciones al Estado

Por su parte, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, la licenciada Cristina Parés Alicea, pidió en Pega’os en la Mañana que el Estado brinde explicaciones sobre qué criterios se utilizaron para que el hombre quedara en libertad y quiénes componen la junta médica que evalúa este tipo de casos.

“En este caso, como bien resumes, se le dio libertad a un asesino probado, incluso, confeso, según lo que ha trascendido, invocando unas condiciones de salud que ahora son cuestionadas, pero siempre fueron cuestionables, en un escenario alarmante en el cual un panel de médicos, aparentemente, concluyó que un hombre que claramente tenía todo lo necesario para asesinar y cometer crímenes horrendos, supuestamente no podía hacer ni necesidades fisiológicas sin ayuda, y tenía diversidad funcional en un grado que requería una silla de ruedas. Hay mucho que hablar sobre esto, pero Proyecto Matria exige una explicación para que esta persona fuera puesta en libertad a base de una evaluación médica cuya falta de rigor en la especulación más conservadora causó una muerte completamente evitable”, reiteró la licenciada.

Asimismo, cuestionó la calidad de las herramientas legales y los recursos que otorga el sistema para brindar procesos de rehabilitación que al final no funcionan y simplemente perpetúan más violencia machista.

“Ojalá que no tengamos que hablar de impericia médica, que por la más inexcusable falta de rigor haya permitido un feminicidio que ocurrió y que no hubiese ocurrido si un panel de médicos no hubiese indicado que esta persona no tenía esas capacidades fisiológicas o de desplazamiento”, añadió.

Mientras, la exprocuradora de la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM) Vilmarie Rivera Sierra se mostró indignada y también pidió explicaciones al Estado ante una situación en la que parece ser que se está otorgando permiso para matar.

“Creo que nosotros, como país, ahora estamos dando, incluso, permiso para matar nuevamente. O sea, (a) esta persona le extienden un paso extendido. Y ese paso extendido lo que hizo fue que le dio la oportunidad a esta persona para burlar todo un sistema. […] Nadie evaluó el nivel de letalidad de esta persona. […] Nos hace cuestionarnos cómo este panel médico evaluó este caso y cuán profundo fue ese nivel de evaluación de lo letal que era esta persona. […] Así que exigir por parte de las diversas instancias, sobre todo de parte de Corrección, el que este panel médico se evalúe exhaustivamente, que nos den cuenta de cómo fue que evaluaron este caso y que no se permita que se saque ninguna persona ni que se extienda ninguna recomendación de parte de este panel que ya evaluó previamente este caso y que tenemos estos resultados tan nefastos”, sentenció.

Asimismo, cuestionó si en el panel de médicos había algún psiquiatra o miembro de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) que determinara la condición de salud mental del victimario.

“¿Quién hoy nos puede decir cómo se ha llevado a cabo este proceso? ¿Cómo se fiscaliza? Porque aquí es donde estamos fallando como sistema. Y fallamos aquí, fallamos en los programas de desvío que hemos estado sacando públicamente también en esta misma situación y en todas partes. Y todas las semanas estamos, lamentablemente, nuevamente saliendo públicamente a hablar sobre los asesinatos de las mujeres. Nos están matando y pareciera que a nadie le importa”, afirmó Rivera Sierra.