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La decisión del Departamento de Justicia para solicitar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) tiempo para investigar un referido en contra de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, responde a un hallazgo por la posible comisión de un delito, explicó el licenciado Ernie Cabán.
Según el exfiscal, es la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia la que, tras 15 días, le comunica a la Oficina sobre el inicio de una investigación sobre el funcionario en cuestión porque así lo entiende meritorio.
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“No es una extensión de término de los 15 días, es que va a iniciar la investigación preliminar que establece la ley del FEI, que le permite 90 días“, indicó Cabán, puesto que se entiende que hay que investigar al funcionario presuntamente involucrado con alegaciones, en este caso, sobre actos fraudulentos en un centro de inspección.
Según el licenciado, Justicia le comunica lo anterior al PFEI “porque vio que ese funcionario público que estaba en la querella, hay posible comisión de delito en sus funciones, mientras es funcionario público, no de las investigaciones del 2023“, cuando Pérez Peña no era secretaria de la Vivienda. Cabán reiteró que si la investigación está ante el PFEI es por la investigación es de nivel criminal sobre una jefa de gabinete.
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A pesar de que para hoy, miércoles, estaban citados unos 10 dueños de centros de inspección involucrados con el esquema por el cual el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitió multas, estos no acudieron a la vista cameral. Entre ellos se encontraban tanto el padre como el hermano de la secretaria Pérez Peña.
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