Kelvin Pagán “La Luz”, Javier Santiago Rodríguez y Star Enterprises Inc. se declararon culpables el miércoles, de Robo de un Programa Federal, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
“Las condenas de hoy deberían enviar un mensaje claro de que la Oficina del Fiscal Federal y nuestros socios federales y estatales trabajarán agresivamente para llevar ante la justicia a quienes defraudan al gobierno, especialmente las instituciones dedicadas a servir a nuestros niños”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow mediante declaraciones escritas. “La corrupción pública socava la confianza en nuestras instituciones gubernamentales y el Estado de derecho. Continuaremos responsabilizando a quienes violan la confianza del público para su beneficio personal”.
Según los acuerdos de culpabilidad, desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, los acusados se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07 propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Departamento de Educación de Puerto Rico.
El acusado Kevin Pagán-La Luz fue empleado del Departamento como director del Programa de Educación Técnica, un componente del Departamento que era responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios del Departamento. Pagán vivía con el demandado Javier Santiago Rodríguez, el propietario y presidente de la demandada Star Enterprises, una corporación con una dirección física registrada idéntica a la dirección residencial que compartían Pagán y Santiago.
En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico u otras entidades gubernamentales locales. En diciembre de 2019, el Departamento de Estado de Puerto Rico canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.
Para diciembre de 2019, Star Enterprises no podía celebrar legalmente ningún contrato con el gobierno de Puerto Rico ni realizar negocios legalmente en Puerto Rico. A pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Kelvin Pagán autorizó pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que Star Enterprises supuestamente realizó para el DEPR. En septiembre de 2020, Pagán utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar 59,999 dólares a Star Enterprises y Santiago-Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.
“Estos individuos abusaron de sus posiciones de confianza para beneficio personal, y con la acción de hoy, ahora serán responsables de engañar a aquellos a quienes prometieron servir: los estudiantes de Puerto Rico”, dijo Robert Wolfe, agente especial interino a cargo del Departamento de Educación de Estados Unidos. Oficina del Inspector General, Región Sureste. “La OIG continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir agresivamente a quienes se apropian indebidamente de fondos educativos para sus propios fines egoístas. Los estudiantes y contribuyentes de Puerto Rico no merecen menos”, añadió.
“En este caso, el funcionario público fue llamado principalmente a actuar en beneficio de los niños y en cambio actuó en beneficio de él y su pareja. No puedo enfatizar esto lo suficiente: ningún plan es invisible y el pueblo de Puerto Rico está cansado de soportar este comportamiento de quienes se supone deben servirles”, dijo Joseph González, director del FBI en la isla. “Nuestro equipo de Corrupción Pública está capacitado para detectar y desbaratar complots para defraudar al gobierno y a sus electores. No nos detendremos y continuaremos instando al público a denunciar estos esquemas”.
Los acusados serán sentenciados en la mañana del próximo 22 de mayo, donde enfrentarán una pena máxima de diez años de prisión, una multa de 250,000 dólares y una pena de libertad supervisada de tres años. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos, Región Sureste y la Oficina Federal de Investigaciones están investigando el caso. El fiscal federal adjunto Alexander Alum está procesando el caso.
