El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que la Junta de Control Fiscal (JCF) no posee razón alguna para sustentar la demanda por la Ley 29 sobre la eliminación a los municipios de los pagos de ASES y el “Pay As You Go”, por lo que acudirá a defender su ley ante los tribunales.
“Cuando pasó esta medida nosotros fuimos sobre el proceso de certificar que los fondos estuvieran ahí y que se pudiera pagar. Lo hicimos de manera responsable. Y se sometió esa certificación. Ahora la Junta, porque no le da la gana quieren demandar para que no tengan que realizar ese proceso de certificación”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
“Ellos lo que quieren tener es un cheque en blanco para hacer y decir lo que ellos quieran y evidentemente como he podido leer, quieren seguir de obstáculo… Los servicios se ven afectados si no se hace esto, no hay razón para no otorgarlo, hemos identificado y certificado esos recursos. Nos veremos entonces en los tribunales”, añadió.
Asimismo el mandatario rechazó el alegato de la JCF de que ha violentado la Ley PROMESA.
“Es la Ley, la Junta no está por encima de la Ley. La Junta no puede hacer lo que le da la gana. Y cuando uno lee lo que ellos sometieron, es un gran pataleo de su parte”, señaló el gobernador.
“Ellos están proyectando que nosotros estamos violentando la Ley PROMESA. No señor. La Ley PROMESA es clara. Cada vez que hay una iniciativa de política pública eso le recae al gobierno de Puerto Rico determinar. ¿Que ellos pueden hacer recomendaciones? Pues por supuesto que la pueden hacer y que nosotros la podamos acoger, nosotros tenemos esa determinación. Lo cierto es que la Ley PROMESA nos faculta para poder llevar a cabo eso. Esta ley se firmó, se certificó, no hubo gran objeción, ahora ellos vienen a demandar”, añadió.
Por su parte, el alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina dijo que los alcaldes se unirán al gobernador en los tribunales.
“Nosotros los municipios estaremos acompañando al gobernador en esta demanda. La Junta no puede administrar al país, somos nosotros”, dijo el ejecutivo municipal quien aseguró que 30 municipios podrían cerrar operaciones y causaría el despido de cientos de empleados municipales.
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, anunció que radicó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico para evitar que el gobierno ponga en efecto la Ley 29 y obligar al gobierno a cumpla con la ley PROMESA.
“La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pgar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros. “Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro. Los retirados actuales y futuros tienen que poder confiar en que sus pensiones se puedan pagar, lo que requiere que los patronos aporten su parte del PayGo”, dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.
“En repetidas ocasiones, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos le ha solicitado al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión que trabajen de la mano. Pero, por el contrario, el gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisión. Como resultado, la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con PROMESA”, añadió.
De acuerdo a Carrión tercero, “el incumplimiento del gobierno con PROMESA no se limita solo a la Ley 29. El gobernador también ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no están considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el año fiscal 2020”.
“El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un análisis o buscar la certificación de la Junta”, concluyó.
