Tanto como el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) se opusieron a las enmiendas a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), propuestas por el congresista Raúl Grijalva.
Entre ellas, definir los servicios esenciales y realizar una auditoría de la deuda.
“Nosotros discrepamos porque en la mayoría en que tu defines los servicios esenciales, abres la puerta para que los acreedores identifiquen y digan, a pues, A, B y C no son servicio esencial, por lo tanto, todo lo que está dispuesto para eso nos toca a nosotros y está disponible para la deuda”, dijo en RADIO ISLA el Principal Oficial Financiero del gobierno (CFO), Omar Marrero.
Sobre la auditoría, Marrero aseguró que esto provocaría un retraso del proceso de reestructuración. De hecho, insistió en que el ente fiscalizador ya hizo lo propio para identificar si parte de la deuda es ilegal.
