Hermes Ávila Vázquez, imputado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega el pasado 21 de abril, renunció el lunes a una vista preliminar en su contra, en lo que pudiera ser un intento de negociación sobre su caso, estableció el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), licenciado Manuel Quilichini.
“Realmente, esto es una cuestión de estrategia porque así gana menos notoriedad. Acuérdate que una vista preliminar hoy en día es como un minijuicio, y es puramente una técnica. Se renuncia a cada rato, el abogado de defensa debe tener sus razones. A lo mejor no está listo, pero realmente no tiene tanta relevancia porque lo que está diciendo es ‘voy directo a juicio. Esto puede ser también que esté en el proceso de negociar algo. En este caso, pues, pueden ser menos años, o puede ser algún otro tipo de negociación en cuanto a condiciones de confinamiento, pero, nuevamente, es una estrategia“, explicó el abogado.
Según Quilichini, Ávila Vázquez pudiera estar negociando que su confinamiento sea en un dormitorio médico, ya que lo más probable es que la sentencia que se le imponga sea mayor a los 99 años de cárcel, que se unirían a los 122 años de sentencia previos por otro caso de asesinato en 2005.
Recientemente, el Senado culminó una serie de vistas públicas en las que buscaba evaluar el desempeño del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la gestión de su empresa encargada del servicio de salud correccional, Physician Correctional, respecto al caso del imputado.
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Según el licenciado, el equipo de médicos de la empresa que evaluó el caso y no auscultó correctamente el expediente de Ávila Vázquez, debió recibir un apoyo por parte de la agencia, la cual el abogado afirmó carece de transparencia.
“Es penoso ver que los médicos no hayan sido informados o adiestrados con razón de los cambios, no a la ley, sino a los cambios al reglamento. […] La ley es clave en que solamente son para condiciones terminales. Sin embargo, los reglamentos se han ido cambiando, los han ido cambiando varias veces. Ha habido, por lo menos, cinco cambios desde el ‘92 para acá, y lo que han hecho es flexibilizar. ¿Qué sucede? Que siempre queda el requisito de que no sea un riesgo a la comunidad, y, aparentemente, a estas personas, a estos médicos, les dieron instrucciones de que fueran más lenientes, porque la ley, el reglamento así lo provee, y se olvidaron del peligro a la comunidad”, añadió.
La lectura de acusación contra Ávila Vázquez está pautada para el 25 de junio, mientras que el juicio iniciará el 18 de julio.
Finalmente, Quilichini hizo un llamado a la agencia para que atienda aquellos casos de confinados excarcelados al amparo de la Ley 25 para corroborar si, en efecto, poseen el derecho para salir de prisión.
“Tienen que hacer la divulgación, no tienen que decir el nombre, pero tienen que hacer la divulgación de las razones por las cuales los 25 confinados que están en la calle siguen en la calle bajo ley 25 porque si ya dejaron salir a alguien porque estaba parapléjico y en el pasado eso no era una razón, no sabemos (con) qué otra condición puedan haber dejado salir gente que no sean severamente limitantes. Eso es algo que tienen que decir. Y para evitar la violación a la ley HIPAA, esto es bien sencillo, no digas el nombre, di las condiciones”, finalizó.
