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Inspectora General revela que el excomisionado de la Policía cobró más 50 mil dólares en exceso por licencias de vacación y enfermedad

Ivelisse Torres reconoció que la denuncia que llevó a los hallazgos surgió de una figura que labora en el Negociado de la Policía

La Inspectora General, Ivelisse Torres indicó en Pega’os en la Mañana que el excomisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López cobró más de 50 mil dólares en exceso por licencias de vacación y enfermedad

“A pesar de estar fungiendo en funciones en el servicio de confianza y en puestos que están exentos bajo la ley, se recibió y se hizo el pago de horas extras por labores operacionales correspondientes a los puestos que ocupaban previo a entrar y juramentar en el servicio de confianza”, informó. “El área de querellas e investigaciones de la Oficina del Inspector General establece que en efecto hubo un desembolso de 55 mil dólares aproximadamente por una parte y por otra parte, entonces cerca también de 60 mil dólares en pagos de beneficios que no correspondían”. 

 

La Oficina del Inspector General (OIG) publicó ayer, martes un nuevo informe que detalló el pago irregular de más de 110 mil dólares en horas extras y tiempo compensatorio federal en el NPPR, y emitió una orden contra el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado para requerir el recobro de las cuantías desembolsadas. Torres reconoció que la denuncia que llevó a los hallazgos surgió de una figura que labora en el NPPR.

“Se supone que administrativamente incida un proceso de aprobación también interna para ello. No obstante, el análisis que surge para hacer la aprobación de esto, surge de la propia división legal del Negociado de la Policía de Puerto Rico, que está bajo la supervisión no solamente del comisionado o del excomisionado, sino también de los comisionados asociados”, señaló. “Esto se realiza dentro del Negociado de la Policía de Puerto Rico”. 

 

Según la investigación, los pagos ascendentes a $54,246.86 y $60,078.92 beneficiaron al excomisionado y un excomisionado asociado, respectivamente, durante el período entre enero de 2022 y abril de 2025 aunque estos no procedían.

La OIG emitió una orden para garantizar que el DSP y el NPPR recupere de forma efectiva las cuantías cuestionadas y además requirió la suspensión inmediata de cualquier pago de licencias por enfermedad concedidas a estos funcionarios como parte de su renuncia programada, sin evidencia de condiciones de
salud ni certificación médica. De haberse realizado pagos por este concepto, la OIG ordenó también su recobro.

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