Jenniffer González firma proyecto de ley que extiende operaciones de AES hasta el 2032
Se trata de dos proyectos de administración sometidos una vez juramentó al cargo
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley hoy, miércoles, dos proyectos de administración, cuyo fin, según la primera ejecutiva, es acercar el sistema eléctrico a un mayor uso de energía renovable.
“¡Hoy es un día histórico para nuestro futuro energético! Acompañada del Zar de Energía, Ing. Josue Colon, estampé mi firma en dos Proyectos de Ley, que ajustan nuestra política pública energética para garantizar una mayor generación de energía limpia y sostenible, alineada con nuestras metas al 2050. ¡Seguimos trabajando por un desarrollo energético que beneficie a todos!“, indicó González Colón en una publicación en redes sociales.
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Se trata del Proyecto de la Cámara 267, que según el representante Víctor Parés se enfoca en eliminar las fechas intermedias para que Puerto Rico cumpla en 2050 con la meta de la transición a la energía. Precisamente, este 2025 se supone que se alcanzara un 40 por ciento.
Dicha medida proponía extender la operación de la planta de Applied Energy Services (AES) hasta el 2032, justo luego de que la empresa estableciera que no podría culminar sus servicios para la fecha estipulada, en 2027.
El segundo es el Proyecto de la Cámara 268, que busca modificar la manera en la que el Negociado de Energía (NEPR) establece multas por incumplimiento en su rol de fiscalización.
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En un comunicado de prensa, se explica que “la eliminación de las metas de intermedias de energía renovable, pero manteniendo la meta de 100% para 2050, le permite al Gobierno de Puerto Rico flexibilizar y poder aprobar conversiones de las plantas generatrices actuales a fuentes más limpias, incluyendo generación a base de carbón, como gas natural e hidrógeno
La Ley 1-2025 (PC 267) Actualiza las metas de energía renovable, eliminando las metas intermedias difíciles de cumplir para así permitir una transición realista y asequible. Esta fue una recomendación que todos los sectores estuvieron de acuerdo.
La obligación en ley de cumplir con las metas intermedias ha imposibilitado que el Negociado de Energía de Puerto Rico dé paso a fuentes de generación más limpias y costo-eficientes como medidas de transición hacia la meta de 100% de renovables para el 2050. Esto, a su vez, ha dificultado que podamos sustituir las plantas generatrices hacia combustibles más baratos y limpios, como el ciclo combinado, gas natural e hidrógeno.
Asimismo, extiende hasta diciembre de 2032 la generación de energía a base de carbón. Esta generación representa el 25 por ciento de la demanda energética de Puerto Rico. Actualmente, no contamos con una fuente de energía alternativa para sustituir esta generación, que sea confiable, no intermitente y que nuestra gente pueda pagar. Este cambio en la política pública energética da la flexibilidad necesaria para aprobar nuevos proyectos de generación, eliminar las trabas que impiden una transformación efectiva de nuestra cartera energética y atemperar la política pública a la realidad que vive Puerto Rico.
Estos cambios en la política pública energética dan la flexibilidad necesaria para también aprobar nuevas plantas generatrices.
Estos proyectos son el resultado de las 5 reuniones que la Gobernadora ha sostenido desde diciembre de 2024 con su Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico, compuesto por representantes del sector público y privado y que recibió presentaciones de todo el sector energético de la isla
También, la gobernadora cumple con su promesa de fiscalizar los contratos de las Alianzas Público Privas, con LUMA y Genera pues aumenta las multas que puede imponer el Negociado de Energía a los operadores por incumplimientos. Esta es la Ley 2-2025 (PC 268).
En específico busca enmendar el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético” para aumentar las multas que puede imponer El Negociado de Energía y facilitar el cobro de las mismas.
El fin es darle al Negociado de Energía de Puerto Rico mayor autoridad fiscalizadora sobre sus regulados, empoderando esa entidad a imponer sanciones verdaderamente punitivas. Además, se faculta al Negociado a ordenar la incautación de cualquier acreencia a favor del regulado que cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación pública, programa o entidad del Gobierno de Puerto Rico pueda poseer para asegurar el cobro de dicha penalidad“.
