Legisladores del MVC presentan medida para defender la validez de las enmiendas a la Reforma Laboral
La senadora Ana Irma Rivera Lassén enfatizó que la decisión tomada por la Jueza Taylor Swain todavía no es final y firme, pues no han transcurrido los 30 días que establece la ley para que esto ocurra
La Delegación del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó el martes, varios esfuerzos para defender la validez de la Ley 41-2022, mejor conocida como las enmiendas a la Reforma Laboral, anulada por la Jueza Taylor Swain.
A esos fines, radicaron en ambos cuerpos legislativos una Petición de Información para que AAFAF produzca en tres días toda la información y documentación que haya sido presentada o no ante el tribunal con motivo del pleito. Esto tras desprenderse de la sentencia que la Rama Ejecutiva incumplió con su deber de proveer la información que la Ley PROMESA requiere en impugnaciones de esta índole. Radicaron, además, una resolución para requerirle al Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a realizar todas las acciones necesarias para defender la Ley y otra para ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y todas las agencias vinculadas a mantenerla en vigor.
“La decisión de la Jueza pone de manifiesto una vez más la crisis constitucional que representa la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal que, además de ser antidemocrática y dictatorial, es una amenaza al bienestar general del país y los derechos de todas las personas. La Ley 41-2022 aplica a la clase trabajadora del sector privado y nada tiene que ver con fondos públicos, por lo que impugnarla es una clara extralimitación a los poderes que se le atribuyen, y que la Jueza Swain les ha validado. Esto lo que reitera es que la Junta interviene en todo lo que le parece, intentando siempre imponer su mirada de que el desarrollo económico se logra con pésimas condiciones de trabajo. Una pena que estemos enfrentando esto a 150 años de la abolición de la esclavitud”, manifestó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del MVC en el Senado en declaraciones escritas.
La senadora enfatizó que la decisión tomada por la Jueza todavía no es final y firme, pues no han transcurrido los 30 días que establece la ley para que esto ocurra. Mucho menos, cuando se entiende habrá una apelación de la determinación. Por ende, los esfuerzos presentados responden a que el Gobernador tiene el deber ministerial de defender esta legislación que él mismo firmó y que se convirtió en política pública.
De igual forma, el senador Rafael Bernabe Riefkohl aseveró que “todos queremos desarrollo económico. Sin embargo, el planteamiento de la Junta, y que la Jueza lo ha adoptado, es que los derechos de los trabajadores y trabajadoras que existieron hasta el 2017 constituyen un obstáculo para el desarrollo económico. Esa afirmación es muy fácil de corroborar que es falsa, y es el hecho de que esos derechos existieron por décadas. En los periodos en que Puerto Rico tuvo mayor desarrollo económico, existía esa legislación laboral. Nunca fue un impedimento”.
La representante Mariana Nogales Molinelli concluyó diciendo que “una vez más la Junta se ha extralimitado en su quehacer de velar por la responsabilidad fiscal y ha sido hipócrita cuando levanta el impacto fiscal para algunas cosas nada más. El impacto fiscal no fue importante cuando se levantaron $750 millones para montar la empresa de LUMA, tampoco cuando los proyectos de privatización le quitan dinero al presupuesto de Puerto Rico y aumentan los servicios a la gente; pero una ley laboral, que apenas revierte 12 de 72 disposiciones de la Ley 4-2017, esa sí es irresponsable fiscalmente. Por otro lado tenemos al Gobierno, específicamente AAFAF, que cada vez que tiene que justificar una ley o certificar un impacto fiscal hacen una porquería. Por eso estamos haciendo esta petición de información y estamos enviando una carta a los y las congresistas que tienen el oído puesto en el País. Tienen que saber lo que está pasando y deben tener a la mano esta información que les servirá como herramienta para ayudarnos a promover la derogación de la Ley PROMESA y la salida inmediata de la Junta”.
La delegación del MVC terminó exhortando a los patronos a que garanticen a sus empleados y empleadas las mejores condiciones de trabajo, tomando en consideración que los parámetros que la Ley dispone son lo mínimo que deben proveer y que nada les impide que concedan derechos más amplios.
