El alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, informó hoy, martes, que el Municipio de Camuy presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Camuy contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Gobierno de Puerto Rico, luego de “agotar todos los mecanismos administrativos y de diálogo a su disposición para atender la paralización del proyecto de mejoras en el área del Balneario Peñón Brusi“.
Hernández Rodríguez explicó que la acción judicial responde a la negativa del DRNA de conceder una reunión o una audiencia al municipio, a pesar de múltiples solicitudes para presentar evidencia y atender cualquier preocupación relacionada con la obra.
“Nunca pensé que tendría que demandar a mi propio Gobierno para defender los intereses de mi pueblo. Antes de acudir a los tribunales, agoté todos los canales de comunicación. Solicité reuniones, pedí una audiencia y procuré un diálogo serio y responsable. Lamentablemente, nunca fuimos escuchados y lo lamento”, sostuvo el alcalde en declaraciones escritas.
Hernández Rodríguez confirmó que el proyecto cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes, por lo que calificó como injustificable que se mantenga detenido por determinaciones administrativas que, a su juicio, carecen del debido proceso y afectan directamente a toda una comunidad.
“Los municipios merecemos respeto. No es aceptable que una obra de interés público, debidamente autorizada, que mejora la calidad de vida de los camuyanos, se paralice sin permitir que el municipio sea escuchado ni tenga la oportunidad de presentar su posición. Defender a Camuy es mi responsabilidad y no voy a renunciar a ese deber”, afirmó.
El ejecutivo municipal advirtió que las consecuencias de esta paralización ya se sienten entre los comerciantes del área del Peñón Brusi y los negocios de la zona costera, quienes han experimentado una reducción significativa en su actividad económica durante las últimas semanas.
Restaurantes, quioscos, pequeños comercios, suplidores de servicios, operadores turísticos y otros negocios dependen en gran medida del flujo de visitantes durante la temporada de verano.
“Detrás de cada día que este proyecto permanece detenido hay familias que dejan de generar ingresos. No estamos hablando únicamente de una obra; estamos hablando del sustento de decenas de pequeños y medianos comerciantes que dependen del turismo y de la actividad económica que genera esta zona”, agregó.
El alcalde señaló, además, que de continuar la paralización del proyecto, el municipio podría verse obligado a cancelar el Camuy Summer Fest 2026, principal evento turístico del verano en la zona norte de Puerto Rico.
El alcalde mencionó que dicho festival genera un impacto económico estimado en más de $500 mil para la economía local mediante la ocupación hotelera, el comercio, la gastronomía, el transporte, los servicios y la actividad turística.
“Si cancelamos el Camuy Summer Fest 2026 esto representaría un golpe muy fuerte para nuestra economía. Son cientos de miles de dólares que dejarían de circular entre nuestros pequeños y medianos comerciantes. Esa no puede ser la consecuencia de una decisión administrativa que pudo resolverse mediante el diálogo”, sentenció el ejecutivo municipal.
Finalmente, el alcalde dejó claro que la demanda no constituye un enfrentamiento político, sino un mecanismo legal para proteger los derechos del municipio y de sus ciudadanos.
“Defenderé a Camuy con la misma determinación con la que siempre lo he hecho. Aspiro a que este proceso nos permita corregir una situación que nunca debió llegar a los tribunales. Los municipios somos parte del gobierno y merecemos ser tratados con respeto, escuchados y considerados cuando está en juego el bienestar de nuestras comunidades”, indicó.
Hernández expresó su confianza en que el Tribunal evaluará los méritos del caso y permitirá que continúen unas obras que representan seguridad, desarrollo económico y mejores oportunidades para el pueblo de Camuy.
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