El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, salió en defensa de las familias de la comunidad Villa Esperanza que cualificaron para la reconstrucción de sus viviendas bajo el programa CDBG-MIT y exigió al Departamento de la Vivienda, al administrador del programa y a LUMA Energy que honren esas aprobaciones y cualifiquen a los demás vecinos que se encuentran bajo las mismas condiciones.
“Estas familias cualificaron. Cumplieron con cada requisito, presentaron sus documentos y el propio programa les aprobó la reconstrucción de sus hogares. No voy a permitir que ahora, con un tecnicismo, les quiten lo que les prometieron. Todos los vecinos de esta comunidad que están bajo las mismas condiciones necesitan su vivienda y tienen que ser cualificados también”, explicó el ejecutivo Municipal.
Agosto detalló, que según la documentación recopilada por los residentes, en septiembre de 2024 una solicitante, su hermana y un vecino recibieron denegaciones iniciales por falta de titularidad, aunque otras familias en situación similar fueron aprobadas. Tras obtener el título de propiedad y presentar reconsideraciones, sus casos avanzaron: se realizaron pruebas de suelo, se trabajaron los planos y a una de las residentes se le comunicó una aprobación de $219,000 para reconstruir una vivienda de cuatro habitaciones. En abril escogió, incluso, el modelo de la casa.
“Si la ausencia de infraestructura eléctrica impide reconstruir, ese criterio tiene que aplicarse de manera uniforme, pero la solución nunca puede ser quitarle la ayuda a quien ya cualificó, sino extenderla a quien la necesita y cualifica bajo las mismas condiciones ya que tiene el título de propiedad de sus hogares. Estas familias trabajadoras merecen tener su casita y como alcalde voy a estar al frente de este reclamo hasta que cada una tenga su hogar seguro”, sostuvo el alcalde Agosto.
Agosto explicó que el proceso cambió abruptamente cuando la hermana de la solicitante y otro vecino recibieron cartas que revocaban la reconstrucción por la ausencia de servicio de LUMA en la comunidad. Sin embargo, en esa misma comunidad y sin servicio eléctrico de LUMA, otras familias ya fueron reubicadas, varias casas fueron demolidas y algunas reconstrucciones están en curso o concluyeron.
“Cumplimos cada requisito, conseguimos los documentos, pasamos por las pruebas de suelo y escogimos el modelo de la vivienda. No es justo que ahora nos excluyan con un criterio que no se aplicó a nuestros propios vecinos”, afirmó Mariam López, vecina de la comunidad.
López presentó una reconsideración acompañada de fotografías, números de caso y evidencia de viviendas cercanas aprobadas o reconstruidas por el programa. Tras recibir esa información, un director del programa gestor visitó el área, tomó los números de caso y reconoció que debía investigarse el patrón descrito por los residentes como “uno sí y uno no”.
Las familias exigen la paralización de cualquier revocación hasta completar una revisión individual y comunitaria de los expedientes; la divulgación de los criterios utilizados para aprobar, denegar o sustituir una reconstrucción por un vale; una explicación escrita del Departamento de la Vivienda sobre las determinaciones distintas emitidas para propiedades en condiciones comparables; una respuesta oficial de LUMA sobre sus planes de infraestructura y la coordinación necesaria con Vivienda y las entidades federales; y una reunión interagencial con los residentes para establecer una solución uniforme y evitar que familias ya aprobadas pierdan la ayuda luego de meses de trámites y gastos.
“Nuestro reclamo no busca trato preferencial. Buscamos decisiones transparentes, coherentes y equitativas en el uso de fondos públicos destinados a la recuperación de nuestras viviendas”, concluyó López.
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