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OEG aprueba prórroga de la estadista Melinda Romero para contestar querella en su contra

El equipo legal de la delegada tiene hasta el 19 de enero para poder contestar la querella sometida en su contra

La Oficina de Ética Gubernamental confirmó que le otorgaron una prórroga al equipo legal de la delegada Melinda Romero en respuesta a la querella que la agencia le sometió a la servidora por no someter los informes financieros requeridos, así confirmó el director de la Oficina, Luis Pérez Vargas en Digame la Verdad.

“Todo esto surge de la creación de los delegados congresionales y su responsabilidad con la Oficina de Ética Gubernamental, si alguna”, explicó Pérez Vargas sobre la controversia. “Bajo la definición de servidor público, claro que los delegados congresionales entran bajo esa definición. Y por eso, tienen unas responsabilidades con la Oficina de Ética desde el inicio, porque la propia ley de ética le da dos instancias de educación y de asuntos económicos que tienen que informar a la oficina, porque la ley claramente dice que todo candidato certificado a una elección general o especial tiene que tomar un adiestramiento y someter un informe de solvencia económica”.

Todos los delegados tomaron el adiestramiento y todos sometieron el informe de solvencia económica luego de ser electos, incluyendo la delegada Melinda Romero. 

“Posterior a eso, se les deja saber que tienen que someter sus informes anuales por que? Porque la ley de ética nos da la autoridad para modificar la lista de personas que deben rendir informes financieros, más allá de lo que expresa la ley de ética en su artículo 5.1” , dijo el director de la agencia pública. “Bajo esa autoridad en ley para modificar la lista es que todos los funcionarios electos a tiempo completo en Puerto Rico rinden informes financieros”

Todos los delegados congresionales de Puerto Rico hicieron sus informes, incluyendo a Romero, quien sometió su informe de toma de posesión.

En ese ínterin intentaron de enmendar la ley para que específicamente dijera que los delegados tenían la obligación de rendir informes financieros, pero la enmienda no prosperó en el Senado. Sin embargo, ya la oficina había determinado bajo su ley que los delegados se les iba a requerir los informes financieros como servidores públicos. 

Perez Vargas explicó igualmente que la Ley de Ética se enmendó en 2012, anterior a ese año si un servidor público no radicaba su informe financiera, ellos automáticamente recibían una querella al servidor público.  

“Desde el 2012 en adelante, inicia un proceso informal a través de reglamento que se requiere la presentación de informes financieros y por eso viene una multa inicial de $100 y preséntelos, y si la persona no lo hace, se mueve a $500 y preséntelos, y una vez se liquida ese proceso y la persona no cumple con su obligación, es que pasa ahora a investigaciones y procesamiento administrativo y se presenta la querella, y eso fue lo que ocurrió el primero de diciembre, que se presentó la querella contra la delegada Romero, y se iniciaba pues el término para que la persona pues contestara su querella”, informo Perez. “La Oficina notificó a la dirección postal y al correo electrónico que ella misma presentó en su informe financiero anterior. La última dirección postal conocida y el último correo electrónico conocido que ella misma proveyó seis meses atras y habia contestado todo el proceso  con el área de informes financieros”

La oficina encontró que se envió la notificación conforme a la ley y se le notificó vía correo certificado, y alguien firmó en su residencia que recibieron la notificación.

“Al día de ayer, que era el día que vencía el término para contestar la querella, pues llego una moción a la oficina del licenciado Jerome Garffer asumiendo la representación legal de la delegada Romero  y solicitando una prórroga, ya que había asumido la representación legal, para entonces contestar la querella”, indicó Pérez Vargas.

La OEG le otorgó la prórroga, y se les dio 20 días a la delegada y su equipo final para poder contestar a la querella. Esto significa que Romero y Garffer tendrán hasta el 19 de enero para contestar esta querella.

El director de la agencia igualmente denunció la ley 167, la cual la delegada Romero ha citado múltiples veces en la prensa para defender su inacción con su informe financiero.

“La Ley 167, para los efectos, no tiene que ver nada con nuestra ley, nosotros hacemos nuestra determinación basados en la Ley de ética gubernamental, la ley 12012”, resaltó.

La ley que menciona la delegada crea sus puestos y les da su vigencia, indicando específicamente que son empleados a tiempo completo y tienen que someter informes cada 3 meses a la oficina del gobernador, lo cual los define como servidores públicos bajo la ley de ética gubernamental.

“Al presente, todos los funcionarios electos a tiempo completo rinden informes financieros”, concluyó el director, indicando que el resto de los compañeros delegados de Romeros si sometieron sus informes financieros.

Perez Vargas igualmente explicó que no sabe cuanto tardara el proceso contra la delegada si ella continua sin entregar sus informes, ya que este podría terminar como un caso para los tribunales.

 

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