Tras no conformarse con una propuesta para incluir un cargo de $23 mensuales, por 50 años, en la factura de la luz a las y los consumidores, los bonistas en la negociación de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también han propuesto otros aumentos y hasta la eliminación de subsidios para continuar abonando al pago de la deuda, confirmó la licenciada Eva Prados Rodríguez del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.
La abogada explicó que ahora los bonistas se han fijado en lo que llaman una tarifa volumétrica que cubre el nivel de consumo.
“Si usted pasa de una cantidad de consumo X, se le estaría aplicando un cargo adicional, y ese cargo adicional iría también, en parte, al pago de la deuda”, explicó Prados Rodríguez al destacar que, además, se propone eliminar subsidios que podrían afectar a los municipios, quienes están bajo la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), modalidad que, por ley, permite un acuerdo entre la AEE y los municipios para que gocen de un subsidio energético, por lo que no pagan por el uso de electricidad en determinados casos.
Prados Rodríguez calificó como terrible las consideraciones de la JCF y señaló el hecho de que los mismos bonistas se afectarán consecutivamente, puesto que “si a final terminas ahogando tanto la economía, no va a haber dinero tampoco para pagarte (en referencia a los bonistas)”, expresó la activista al asegurar que están detrás del pueblo para cobrarle, pero que, en realidad, hay alternativas para lograr un mejor acuerdo.
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Perdida la Junta de Control Fiscal
Por su parte, el licenciado y exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Carlos Saavedra Gutiérrez mencionó que en la reunión pública del pasado viernes el ente fiscal lució contrariado en las posiciones de sus miembros respecto a las propuestas para resolver la quiebra de la AEE.
“Viéndolo desde afuera, noté una división entre los miembros de la Junta […] Me sorprendió la aparente división entre los miembros”, indicó el abogado al destacar la defensa del presidente del ente, David Skeel, al cargo de $23 mensuales, mientras el miembro boricua Antonio Medina señaló desconocer las cifras propuestas para dicho cargo.
Asimismo, Saavedra Gutiérrez expresó que la JCF debe tomar la situación como una lección, y aprender a ser más incisivos en la forma de explicar las discusiones que, por tecnicismos, no se toman el tiempo de explicarle a la ciudadanía.
“La realidad es que esa parte es lo que no dice el documento. El documento no dice que es para todo el mundo (el cargo de $23 mensuales)”, explicó el abogado a modo de ejemplo, al detallar que se supone que habrá unas métricas para determinar quiénes pagarán y cuánto.
