Pacientes de salud mental imputados de delito en Puerto Rico pasan años aprisionados por el Gobierno
Las agencias de Gobierno no llevan un registro único de cuántos son ni cuál es su estatus, no comparten el expediente de sus condiciones médicas o tratamiento, y violan a diario sus derecho civiles.
Por: Ronald Ávila Claudio y Aiola Virella
Cerca de un centenar de personas pasan sus días y noches entre barrotes en las cárceles de Puerto Rico, sin que su estado de salud mental les permita entender cómo llegaron allí y con poca esperanza de una fecha posible para salir del limbo que les priva de su libertad sin que haya mediado un juicio. Decenas quedan atrapados por años en este laberinto ilegal e inhumano, perdiendo cualquier oportunidad de mejoría, y en ocasiones, la vida misma.
La cifra podría ser mayor. Al menos 437 personas han entrado en este disfuncional proceso legal durante el último año y están en alguna etapa del mismo, pero el Estado no puede dar cuenta de ello.
Esta violación de derechos civiles por parte del Gobierno de Puerto Rico ha estado ocurriendo por al menos tres décadas, y las instituciones responsables ni siquiera coinciden en la cantidad exacta de pacientes mentales imputados que han pasado por el proceso, ni tienen registro del paradero de los que tienen ingresados, según encontró una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periódico Metro.
Se supone que el tribunal evalúe cada tres meses si estas personas están en condiciones de enfrentar el trámite judicial o de recibir atención médica en una de las únicas dos instituciones de psiquiatría forense del país. Pero la realidad en las cortes es muy distinta.
En una vista el pasado 19 de agosto en el Tribunal de Arecibo ante la jueza Joie-Lin Lao Meléndez para atender este tipo de casos de procesabilidad que se dan bajo la Regla 240 y la 241 de Procedimiento Criminal, la psiquiatra del Tribunal, Yamilka Rolón García, ofreció su opinión sobre 16 imputados en un periodo de una hora, quienes en su mayoría no estaban en sala. Esto equivale a un testimonio de, en promedio, cuatro minutos por paciente. Rolón García evaluó a cuatro personas esa mañana en el mismo tribunal, ocho casos los evaluó el día antes en la cárcel y cuatro en el hospital psiquiátrico. Los imputados que fueron evaluados en la corte estuvieron con la psiquiatra entre cinco a diez minutos.
Aquella mañana, la vista del caso de José Guillermo González Ríos duró un poco más. Fueron 14 minutos que evidenciaron los vaivenes de esta compleja problemática.
El imputado no estuvo en sala. A su abogado, quien trabaja para la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), Joel Román, le entregaron allí mismo copia del informe de la doctora Rolón García. Hace más de un año el acusado está privado de su libertad. De lo discutido en corte, se desprende que la vista de procesabilidad más antigua de este ciudadano fue en mayo de 2018. No fue hasta diciembre de ese mismo año que se le trasladó de la cárcel a un hospital psiquiátrico forense para recibir servicios de salud mental tras una orden del mismo tribunal.
“Presenta una condición mental crónica. Tiene problemas cognitivos, de atención, de memoria, no puede aprender. No va a estar procesable en el futuro. Con medicamentos no vamos a poder cambiar su cuadro”, expuso la perito del tribunal durante la vista.
La experta dejó establecido en el récord que el imputado no cuenta con apoyo ni de su familia, ni de su comunidad, por lo que de ser estabilizado en una institución psiquiátrica, deberá ser ubicado en un hogar con tratamiento obligatorio.
La jueza Lao Meléndez ordenó el archivo y la suspensión sin perjuicio del caso penal para que González Ríos fuese trasladado al hospital civil de psiquiatría general Ramón Fernández Marina, no sin antes advertir que de allí “no puede ser dado de alta hasta que sea autorizado por el tribunal”.
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