Mientras que el Departamento de Justicia recomendó investigar al abogado y cabildero Elías Sánchez Sifonte solamente bajo dos posibles delitos, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) identificó la posibilidad de ilegalidades más serias de parte del también exdirector de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En su investigación, Justicia solamente identificó como posibles delitos cometidos por Sánchez Sifonte imputaciones relacionadas a los artículos del Código Penal de aprovechamiento ilegal de trabajos públicos (252) y el de incumplimiento del deber (262), este último siendo uno menos grave. El PFEI enumera artículos más severos, como el de intervención indebida en las operaciones del Gobierno (254) y el de influencia indebida (261), ambos delitos conllevan cárcel de hasta ocho años, según la gravedad. Al igual que Justicia, el PFEI también vio aprovechamiento ilegal.
Un caso similar ocurre con el publicista Edwin Miranda Reyes, a quien Justicia le identificó posibles delitos de fraude (202) e incumplimiento del deber (262), pero el PFEI añadió influencia (261) e intervención indebida (254), ambos con penas de cárcel de hasta ocho años. Tanto Justicia como el PFEI identificaron falsedad ideológica (212) — dar declaraciones falsas en un documento público — y aprovechamiento ilícito (252) como posibles delitos cometidos por Miranda Reyes.
La información surge de una resolución publicada el jueves, 13 de febrero, en la cual el PFEI anuncia formalmente el inicio de su investigación en torno a varios miembros del controversial chat de Telegram denominado “WRF” entre Rosselló Nevares y sus allegados.
Además de Sánchez Sifonte, otros cinco integrantes del chat serán investigados por el PFEI: el ex principal oficial financiero, Christian Sobrino Vega; el ex asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés; el publicista y ex contratista del Gobierno, Miranda Reyes; y el exgobernador Rosselló Nevares.
El pasado 10 de enero, Justicia recomendó investigar a todos los miembros del chat de Telegram y a otras dos funcionarias de la administración Rosselló, pero no hizo públicos los posibles delitos identificados. Sin embargo, en su resolución, el PFEI sí identifica cuáles fueron los posibles delitos señalados por Justicia en torno a las seis personas que serán investigadas por esa entidad. Salvo algunas excepciones, existe discrepancia entre los posibles delitos identificados por Justicia y el PFEI.
Panorama más favorable para Rosselló Nevares
Del otro lado de la moneda, se encuentran Rosselló Nevares, Rosario Cortés, Orona Amilivia y Sobrino Vega. Para ellos, Justicia identificó delitos más graves que los señalados por el PFEI.
En el caso del exmandatario Rosselló Nevares, mientras Justicia identificó la posibilidad de delitos tales como discrimen, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba, el PFEI solamente identifica dos delitos menos graves: incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento de su deber.
Al igual que Justicia, un informe preparado por tres juristas y comisionado el pasado verano por la Cámara de Representantes identificó aprovechamiento ilícito y negligencia en cumplimiento del deber. El grupo de abogados, quienes rindieron el informe como parte de un potencial proceso de residenciamiento contra Rosselló Nevares, ha sido el único hasta el momento en identificar el delito de malversación de fondos de parte del exmandatario.
El abogado criminalista Harry Padilla estará a cargo de la defensa de Rosselló Nevares y opinó que el asunto es más bien uno de índole político y sería cuesta arriba que prospere un caso criminal contra el gobernador.
