La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico exigió hoy, jueves, la renuncia del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, luego de confirmar que la agencia colaboró con una “expedición de pesca” de las autoridades federales de inmigración, mediante el envío voluntario de la información confidencial de aproximadamente 6,321 personas inmigrantes con licencia para conducir en Puerto Rico.
“El secretario del DTOP tiene el deber ministerial de proteger y cumplir con las leyes locales y protecciones establecidas en nuestra Constitución. Con sus acciones -no solamente entregar voluntariamente información confidencial al ICE, sino el negarse a producir información para que el pueblo de Puerto Rico supiera la verdad-, el secretario demostró su incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo y cumplir con su mandato constitucional“, afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Las denuncias de la ACLU de Puerto Rico ocurren después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera una resolución de “no ha lugar” a la segunda solicitud de reconsideración del DTOP, su último intento de revertir las determinaciones de las cortes inferiores que concluyeron que el subpoena que dio paso a la entrega voluntaria de datos de miles de personas inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), es un documento público. La resolución del Tribunal se emitió el 9 de octubre de 2026, aunque se informó el 14 de octubre. Luego de emitida la notificación, el DTOP entregó la información a la ACLU de Puerto Rico.
“Con esta determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico celebramos que se protegió el derecho a saber que tenemos todos, aunque el tiempo que ha pasado es en sí mismo una violación del derecho fundamental a conocer la verdad de lo ocurrido y entender que la tragedia que han vivido miles de familias migrantes y puertorriqueñas tuvo un aliado en el Gobierno de Puerto Rico”, agregó Martínez Orabona.
El subpoena administrativo fue producido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) el 26 de enero de 2025 y fue dirigido a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO). Un análisis del documento permite concluir que el DTOP no tenía una obligación legal de responder a dicha solicitud enviando la información solicitada.
En su lugar, el orden correcto habría sido requerir una orden judicial que, de ser emitida, especificara la información o datos que la agencia debía producir, indicó la ACLU. El DHS indicó en su solicitud que el DISCO, bajo la sombrilla del DTOP, tenía hasta el 7 de febrero para responder. El DTOP, sin embargo, tardó tres días en producir y entregar de manera voluntaria la información confidencial de miles de personas inmigrantes. El documento con dicha información está grabado con la fecha del 29 de enero de 2025. El DTOP produjo específicamente los siguientes datos de personas inmigrantes con licencia de conducir en Puerto Rico:
- Número de la identificación expedida por DTOP
- Tipo de identificación expedida por el DTOP, licencia
- Fecha de expedición de identificación
- Fecha de expiración de identificación
- Número de identificación de solicitante.
- Primer nombre de solicitante.
- Segundo nombre de solicitante.
- Apellido paterno de solicitante.
- Apellido materno de solicitante.
- Fecha de nacimiento de solicitante.
- Ciudadanía del solicitante, donde las siglas EMI son las iniciales de Estado Migratorio Indefinido.
- Información de la dirección residencial del solicitante.
- Pueblo y código postal de solicitante.
- Número telefónico de solicitante.
Tal como había anticipado la ACLU de Puerto Rico, el propio contenido del subpoena administrativo confirma que dicha solicitud siempre se trató de una “expedición de pesca” con la que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón colaboró sin reparos a través de su secretario del DTOP, el ingeniero Edwin González Montalvo; así como de la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien no tuvo reparos en destinar recursos a obstaculizar durante más de un año el acceso a información pública. Al hacer su solicitud, el DHS hizo referencia a una “investigación en curso” a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés). El DHS enumeró los renglones de información solicitada, correspondiente al universo de “personas con una situación migratoria irregular”, y el DTOP accedió a la entrega.
La ACLU de Puerto Rico presentó una demanda el 1 de octubre de 2025, luego que el secretario del DTOP se negara a cumplir con una petición de acceso a información pública sometida por la organización, para conocer cómo la agencia manejó y respondió el requerimiento que hizo el ICE a la agencia estatal. Tras una vista argumentativa, el TPI ordenó al DTOP entregar el subpoena administrativo, al concluir que el documento era público. La agencia incumplió con la orden y, en su lugar, acudió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó en enero de 2026 la determinación del TPI. El DTOP, entonces, acudió al máximo foro judicial.
El Supremo emitió un primer “no ha lugar” el pasado 27 de abril a la petición de certiorari presentada por el DTOP. El secretario del DTOP -representado por Justicia-, presentó entonces una solicitud de reconsideración que fue atendida por un panel de tres jueces compuesto por la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo y Ángel Colón Pérez. El segundo “no ha lugar” se emitió el 5 junio y la agencia presentó, entonces, su segunda solicitud de reconsideración. Las tres determinaciones del Supremo en este caso fueron emitidas por jueces distintos, lo que supone una determinación unánime con la mirada de los nueve jueces que componen dicho cuerpo.
“La colaboración infame del Gobierno de Puerto Rico con las políticas migratorias inhumanas de la administración Trump, no solo denotan la ausencia total de empatía y sensibilidad hacia nuestras comunidades de inmigrantes, sino que dejan de manifiesto su complicidad en la violación sistemática de los derechos civiles y derechos humanos de esta población vulnerable“, sostuvo el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
Al entregar la información al ICE, el secretario del DTOP puso en peligro la seguridad de los miles de inmigrantes que confiaron en el Gobierno de Puerto Rico cuando, en el 2013, se habilitó un proceso mediante la Ley 97 para que tuvieran acceso a una licencia de conducir, protegiendo su información sobre estatus migratorio.
Dicha ley estableció que el registro de las personas inmigrantes con licencia tenía como propósito contar con “estadísticas oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y que se establecerían los mecanismos administrativos necesarios para que el registro no fuera utilizado para discriminar o se divulgara dicha información, a menos que fuera autorizado por el secretario, “en ánimo de proteger la confidencialidad de la información en su poder”.
Los documentos recibidos y detalles del caso están disponibles en este enlace.
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