La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado celebró una conferencia de prensa hoy, lunes, para denunciar que serán los ciudadanos los que pagarán por un experto independiente para que medie entre la administración de Jenniffer González Colón y LUMA Energy.
El portavoz de la minoría, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que el país se enfrenta a una encrucijada, pues no se sabe a ciencia cierta cómo funcionará dicho mediador entre el consorcio energético y el Gobierno, cuánto le costará al pueblo, por cuánto tiempo estará vigente y si, en efecto, el mediador logrará la cancelación.
“El pasado 18 de agosto de 2024, el Senado de Puerto Rico aprobó la Petición de Información #2025-0101. Este requerimiento de información iba dirigido al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y zar de la Energía, Josué Colón. Como se sabe, en julio de este año el Gobierno de Puerto Rico cursó un documento a la empresa LUMA que se trató de una notificación de disputas bajo el Artículo 15 del contrato de Operación y Mantenimiento de Transmisión y Distribución que firmó el Gobierno con la empresa”, indicó el senador.
La delegación popular radicó la petición porque trascendió públicamente que luego de culminar el periodo de 30 días de negociación entre LUMA Energy y la administración de González Colón no se había llegado a un consenso. Ante ello, se designaría lo que se denomina un ‘Expert Technical Determination Procedure for Technical Disputes’, que en esencia es una especie de mediador o árbitro entre el Gobierno y LUMA Energy.
La portavoz alterna, Marially González Huertas, señaló que “nuestro interés fue dirigido a conocer si ya se habían iniciado conversaciones para contratar a una persona que se desempeñara como árbitro y de dónde provendría el dinero para pagarlo y quien lo pagaría. ¿Qué nos dijo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas? En primer lugar, que ese proceso actualmente está detenido, toda vez que LUMA presentó un caso ante la jueza Swain. La controversia versa sobre los señalamientos que hace el Gobierno de Puerto Rico”.
Por su parte, expresidente del alto cuerpo José Luis Dalmau agregó que “Josué Colón afirmó que se trata de disputas técnicas y de un posible mal uso de fondos federales, mientras que LUMA insiste en que son solo disputas. La diferencia es importante, pues las que no son técnicas podrían ser resueltas mediante mediación. Sin embargo, las diferencias técnicas requerirán de un experto independiente para manejarlas de manera confidencial. El problema es que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ha indicado que, si se acude a un experto independiente, ese costo saldrá de su presupuesto y será el pueblo de Puerto Rico quien pague por ese proceso”.
Para la senadora Ada Álvarez Conde “este es otro golpe al bolsillo de la gente porque no debe haber dudas de que estos costos se le transfieren al consumidor. De la información que nos compartió la AAPP no identifican una partida específica de donde saldrá el dinero, más allá de decir que saldrá de su presupuesto, o sea, del bolsillo de todos nosotros los contribuyentes”. Durante el encuentro con la prensa, se señaló que como único el Gobierno de Puerto Rico no tendría que pagarle a ese experto independiente, es si este resuelve la disputa a favor del propio Gobierno. De lo contrario, es la AAPP quien paga. “Esto es jugar a la ruleta rusa con los fondos públicos”, añadió.
Mientras, Josian Santiago, senador por acumulación y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, cuestionó “¿y si no se resuelve ni para un lado ni para el otro? ¿Quién determina a qué parte quiere cobrarle o cómo se distribuirán los fondos? ¿Será el propio experto independiente? ¿En qué lugar en el mundo se ven este tipo de negociaciones? Sobre todo, ¿cuánto nos costará? Ese número aún no lo sabemos. Por eso nuestro llamado al zar de la Energía y la gobernadora de Puerto Rico es que le hablen con la verdad a la ciudadania. ¿Cuánto nos va a costar esta nueva contratación? El país está cansado de ver cómo en estos ocho meses la administración de Jenniffer González ha demostrado su doble cara con el tema energético. Te dice una cosa, pero en el fondo, la realidad es otra“.
Finalmente, Hernández Ortiz añadió que “hoy estamos ante un ejemplo adicional: la gobernadora González Colón pregonó de que había enviado una cancelación del contrato de LUMA, cosa que no es cierta, porque no se trata de una notificación de cancelación per se, y luego se descubre que el país pagará nuevamente de su bolsillo lo que nos cueste este mediador o árbitro”.
