Los Pilotos de la Bahía de San Juan expresan su profunda preocupación ante las gestiones de New Fortress Energy (NFE) para promover cambios a la Ley 226 de 1999, que regula el practicaje en todos los puertos de Puerto Rico. Estas gestiones parecen estar dirigidas a permitir que NFE determine cómo y con qué prácticos operan sus embarcaciones en nuestros puertos.
El problema que enfrentamos actualmente con el suministro de gas natural licuado (GNL) no es la Ley de Practicaje ni el acceso al puerto. Las limitaciones operacionales que NFE intenta atribuir a los prácticos y a terceros son consecuencia de sus propias decisiones de priorizar intereses económicos sobre las medidas de seguridad establecidas para sus operaciones. NFE gestionó y acordó con los prácticos las condiciones bajo las cuales sus embarcaciones podían entrar de manera segura a la bahía de San Juan, incluyendo qué buques podían operar y los recursos necesarios para ello.
Estas condiciones contemplaban remolcadores especializados y otras medidas de seguridad que la propia empresa presentó ante la Guardia Costera como parte de su protocolo operacional. Sin embargo, por consideraciones económicas, NFE ha ido retirando progresivamente estas medidas, comenzando hace más de un año con los remolcadores especializados, cuyo uso había sido identificado como necesario en los estudios técnicos realizados para sus propias operaciones. Posteriormente, ha continuado reduciendo recursos de seguridad mientras pretende incorporar embarcaciones de mayores dimensiones.
Los prácticos hemos denunciado estas decisiones porque entendemos que comprometen la seguridad de la bahía de San Juan y, por consiguiente, el bienestar de Puerto Rico. Incluso, mediante comunicación del 2 de octubre de 2026, la Guardia Costera advirtió a NFE sobre incumplimientos relacionados con el protocolo operacional que la propia empresa había presentado.
Los problemas económicos y operacionales que enfrenta NFE son de conocimiento público. Sin embargo, no podemos aceptar que sus representantes presenten información incorrecta o engañosa ante la Legislatura, particularmente bajo juramento, para intentar responsabilizar a los prácticos de las consecuencias de sus propias decisiones. Sus dificultades financieras no justifican tergiversar los hechos.
La Ley 226 no está fallando. Por el contrario, esta controversia demuestra precisamente que funciona como fue diseñada. Su propósito es garantizar que las decisiones sobre la seguridad de la navegación permanezcan en manos de profesionales independientes, protegidas de las presiones e intereses comerciales de las empresas. Este es un principio fundamental de la profesión de practicaje y de los sistemas de regulación estatal establecidos a través de Estados Unidos.
Modificar esta ley para atender las exigencias de una sola empresa tendría consecuencias para todos los operadores marítimos y podría comprometer la seguridad de la navegación en todos los puertos de Puerto Rico. No se trata de una controversia particular entre NFE y los prácticos, sino de proteger un sistema establecido para servir al interés público.
La pregunta que debe hacerse la Legislatura es sencilla: ¿Por qué habría que modificar una ley que protege a todos los puertorriqueños para acomodar las dificultades operacionales y económicas de una sola empresa?
La bahía de San Juan y los demás puertos de la isla constituyen infraestructura esencial para el abastecimiento, el comercio y la seguridad de Puerto Rico. Su funcionamiento no puede quedar subordinado a los intereses comerciales de un operador particular.
La solución no es debilitar la Ley de Prácticaje, sino atender las causas de las limitaciones operacionales. Esta controversia demuestra precisamente por qué la Ley 226 existe, por qué funciona y la importancia de preservar la independencia profesional y las salvaguardas que establece.
-
-
-
-
