El expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte anunció hoy, viernes, la radicación de la Resolución Conjunta 428, la cual ordena iniciar, de manera inmediata, los procedimientos legales y administrativos necesarios para cancelar los contratos que mantienen con NFEnergia LLC. (NFE), correspondiente al suministro de gas natural y la exclusividad de uso en los Muelles A y B en el sector portuario de Puerto Nuevo en la Bahía de San Juan.
La orden va a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (AP), así como cualquier otra entidad o instrumentalidad pública concernida.
“En virtud del mecanismo de alianza público-privadas, la AEE suscribió contratos con NFE para el suministro de gas natural licuado para diversas unidades generatrices en Puerto Rico. No obstante, NFEnergia LLC deliberadamente ha incurrido en la práctica de incumplir de manera recurrente con sus obligaciones contractuales relacionadas con el suministro de gas natural. En incidentes más recientes podemos mencionar el ocurrido durante julio de 2025, cuando un buque con cargamento de gas natural licuado destinado a las unidades generatrices de San Juan fue interrumpida su entrada al puerto, retrasando la entrega y suministro del combustible programado”, expresó el también presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja en la Exposición de Motivos de la medida.
“Así también, el pasado mes, utilizando diferentes situaciones (utilizando un barco más grande a las medidas acordadas, no proveyendo al Tribunal documentos e información requerida, interpretando una Resolución emitida por el Negociado de Energía a su conveniencia, entre otras más) durante semanas, la empresa, mediante subterfugios, provocó nuevamente el retraso de la entrega de GNL, con las conocidas consecuencias”, añadió Aponte.
Tales incumplimientos provocaron interrupciones en la entrega del gas natural, obligando a la AEE a recurrir al uso de combustibles alternos como el diésel, significativamente más costosos, para mantener la continuidad del servicio eléctrico. Estos costos inevitablemente afectan las finanzas públicas y terminan recayendo, de forma injusta, sobre los consumidores de energía eléctrica a través de ajustes tarifarios.
De otra parte, para la descarga del combustible, NFE utiliza los Muelles A y B en el sector portuario de Puerto Nuevo en la Bahía de San Juan, sobre los cuales mantiene derechos exclusivos, en virtud de un contrato suscrito con la Autoridad de los Puertos. Cabe señalar que, según trascendiera públicamente, la empresa comenzó a operar en las referidas instalaciones portuarias sin tener el permiso de las agencias federales reguladoras como la Federal Energy Regulatory Commission, trámite que no ha completado aún.
A lo anterior, se suma el hecho de que entidades afiliadas a New Fortress Energy mantienen una posición dominante en áreas críticas de la infraestructura energética de Puerto Rico, como lo es Genera PR.
De acuerdo al representante, “ante este cuadro de incumplimientos contractuales, vulnerabilidad operacional y riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico, resulta imperativo que el Gobierno de Puerto Rico adopte las medidas necesarias para proteger el interés público y garantizar la continuidad del servicio. La dependencia en un solo suplidor que ha incumplido recurrentemente en su responsabilidad contractual con la entrega del combustible necesario para la generación eléctrica, representa un riesgo inaceptable para la seguridad energética de la isla”.
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