Presidente de la UTIER se reunió con el gobernador

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo, junto al abogado Rolando Emanuelli Jiménez, acudieron el miércoles a la Mansión Ejecutiva donde expondrán sus argumentos en búsqueda de la cancelación del contrato a la empresa LUMA Energy.

“Este contrato a todas luces es un contrato que no beneficia al pueblo de Puerto Rico. No ha habido una discusión pública que haya definido el contrato en ninguna de sus cláusulas. Es un contrato leonino, un contrato que le va a aumentar la tarifa al pueblo de Puerto Rico, es un contrato que no garantiza los empleos, los derechos de los trabajadores y en sus sistemas de pensiones. Pero más la obligación que le van a acarrear al pueblo de Puerto Rico con este contrato, al extremo que ya se está trabajando un préstamo de 894 millones de dólares del gobierno central para financiar el contrato y eso demuestra claramente lo que nos va a costar este contrato”, dijo Figueroa Jaramillo a preguntas de la prensa a su llegada a La Fortaleza donde sostiene una reunión con el gobernador, Pedro Pierluisi.

Por otro lado, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) dijo que se trata de desinformación, lo que se denuncia en contra del contrato.

“Como director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, agencia gestora del contrato de LUMA para la transformación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, es imperativo aclarar la desinformación que prevalece sobre el contrato y que puede inducir a confusión sobre los beneficios del proyecto para Puerto Rico.

Es importante destacar que se trata de un contrato complejo, que estamos conscientes de que todavía hay preguntas acerca del mismo, y que queremos contestarlas para que todos tengan la seguridad de que se trata de una transacción en beneficio de la isla, con el fin de lograr un mejor servicio de energía eléctrica.

Hay que enfatizar que LUMA se ha encontrado con la realidad de una operación aún más deteriorada de lo que conocíamos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ha requerido un gran trabajo de organización y análisis como parte del desarrollo de un plan de optimización del sistema. LUMA está cobrando por el trabajo que está haciendo. Asimismo, hay que recordar que la AEE tiene un déficit de 9.2 mil millones de dólares y atraviesa una reestructuración de deuda, y que su administración y operación está sujeta a los procesos de Título III.

Con relación al tema de la facturación mensual de LUMA, durante la fase de transición (que comenzó en julio de 2020 y culminará en mayo de este año), el contrato establece una compensación fija de hasta 60 millones de dólares. Esto equivale a aproximadamente 5 millones de dólares mensuales por concepto de tarifa fija (fixed fee). A diciembre de 2020, LUMA ha facturado 31.5 millones de dólares por concepto de tarifa fija.

Sobre los gastos reembolsables, en su propuesta LUMA estimó que incurriría en aproximadamente 70 millones de dólares en gastos durante el periodo de transición. A la fecha, LUMA ha facturado 47.3 millones de dólares por concepto de gastos reembolsables. Varios puntos importantes de destacar: 1) LUMA se mantiene dentro de la cuantía de gastos estimada en su propuesta. 2) Es típico que en una transición de una operación de esta magnitud, como lo es la AEE que es la utilidad principal en los Estados Unidos, el trabajo –y por ende la facturación– sea mayor durante los primeros meses. Según nos acerquemos a los meses finales de la transición, se verá una reducción en la facturación. 3) La AAPP lleva a cabo un análisis exhaustivo de las facturas que recibe de LUMA. Al día de hoy, se han rechazado más de 4 millones de dólares en gastos facturados por LUMA.

Las facturas de LUMA son documentos de carácter público que están accesibles a la ciudadanía en virtud de la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29) y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141). Son facturas que requieren examinarse conforme a las disposiciones del contrato y con un conocimiento claro de los parámetros rigurosos de verificación y validación a los que se somete cada documento. Las mismas están disponibles en la página web de la AAPP, junto con el Manual de Validación de Facturas, para ayudar a la comprensión de dicho proceso. Cabe destacar que algunas de estas facturas están en proceso de evaluación y no han sido pagadas en su totalidad.

Respecto al término de 15 años del contrato, la transformación del sistema de transmisión y distribución de energía requiere de una continuidad para lograr una optimización real, efectiva y eficiente. Este término responde a un estudio de vida útil preparado por la AEE, el cual establece que la vida útil del sistema eléctrico es mayor de 15 años. Una vez se comiencen las obras de transformación del sistema, la vida útil del mismo aumentará.

Sobre el planteamiento de que LUMA cuesta 904 millones de dólares, dicha cuantía sirve únicamente el propósito de garantizar la estabilidad financiera y operacional del sistema eléctrico, para poder lograr las metas de transformación, sin importar otros factores que puedan poner en juego la estabilidad fiscal de la AEE. Es un dinero que no se utilizará para pagarle a LUMA.

Respecto al ente encargado de supervisar a LUMA, la AAPP tiene a su haber velar y hacer que el contrato de LUMA tenga los resultados para los cuales se otorgó. Cabe resaltar que la determinación de que exista un tercero que administre y supervise el contrato (en este caso la AAPP) fue un requisito exigido tanto por los proponentes que participaron en el proceso de licitación, así como de la Junta de Supervisión Fiscal.

Todas las acciones que estamos llevando a cabo tienen como meta el bienestar del consumidor y la transformación del sistema eléctrico; que por décadas ha sido uno deficiente y que no le ha servido bien a los ciudadanos. Este acuerdo de alianza público-privada facilita la continuidad necesaria para lograr una optimización del sistema de energía eléctrica que le brinde tranquilidad y seguridad a los clientes. No podemos apostar a las mismas prácticas que por años nos han fallado y que nos dejaron un saldo de meses sin un servicio esencial y repercusiones inmensurables luego de los huracanes Irma y María”.