El Representante por Acumulación, Ramón Torres Cruz, solicitó hoy al Gobierno de Puerto Rico la suspensión por un período de 90 días del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% aplicable a los alimentos preparados, como una medida inmediata de alivio económico para los consumidores ante el continuo aumento en el costo de vida. La propuesta del legislador se fundamenta en los datos divulgados recientemente por el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, quien informó que los recaudos netos del Fondo General acumulados entre julio de 2025 y abril de 2026 superaron las proyecciones en aproximadamente $590 millones.
“El propio secretario Pantoja nos confirmó que tenemos $590 millones por encima de lo proyectado. El IVU en alimentos preparados genera aproximadamente $21.3 millones al mes. Una suspensión de 90 días costaría alrededor de $63 millones, una fracción del excedente que ya tiene en manos el Gobierno. No existe una razón fiscal para negar este alivio a las familias puertorriqueñas”, expresó Torres.
El legislador destacó que la medida no solo beneficiaría directamente a los consumidores, sino que también serviría como un importante estímulo económico para el sector comercial y la industria de restaurantes, al incentivar un mayor consumo y aumentar la actividad económica en los negocios locales.
“Esta propuesta representa una oportunidad para que las familias puedan ahorrar dinero en sus gastos diarios, mientras los comerciantes y restauranteros experimentan un incremento en sus ventas. Es una medida que beneficia a todos: al consumidor, al pequeño y mediano comerciante y a la economía de Puerto Rico en general”, sostuvo.
Durante los últimos años, tanto consumidores como representantes de la industria gastronómica han señalado que la inflación, el aumento en los costos de los alimentos y el encarecimiento de los servicios han reducido significativamente el poder adquisitivo de las familias puertorriqueñas.
En cuanto a la sustitución de los recaudos que dejarían de percibirse durante el período de suspensión, Torres señaló que el propio excedente de $590 millones acumulado en el Fondo General es más que suficiente para cubrir los aproximadamente $63 millones que implicaría la medida, sin afectar la estabilidad fiscal del Gobierno.
Asimismo, recordó que cualquier reducción de recaudos requiere la aprobación de la Junta de Control Fiscal conforme a la Ley PROMESA. Sin embargo, destacó que existe un precedente claro, ya que en septiembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona, la Junta autorizó la suspensión temporera del IVU en alimentos preparados con un impacto estimado de $16.5 millones.
