El representante popular por acumulación Ramón Torres Cruz envió una carta al Gobierno de Puerto Rico para solicitar la activación inmediata del trabajo remoto en el servicio público como medida para mitigar el impacto económico del alza sostenida en el costo de la gasolina, que recientemente ha alcanzado los $1.36 por litro.
La comunicación fue dirigida al licenciado Facundo M. Di Mauro Vázquez, director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
“Estoy canalizando esta propuesta a través de esta oficina para su efectiva y oportuna evaluación, conforme al marco legal vigente señalado, la reglamentación aplicable y las normas o directrices en uso. Agradezco de antemano su segura atención y el que nos mantenga informado sobre este particular”, indicó en la carta Torres Cruz.
El legislador destacó que un empleado que teletrabaje un solo día a la semana podría generar ahorros mensuales que oscilan entre $64 y $98, al reducir gastos relacionados con gasolina, peajes, estacionamiento y alimentación fuera del hogar. Según detalló, esto representa un alivio anual estimado de entre $768 y $1,176 por trabajador.
“Con un solo día remoto, un empleado puede ahorrarse casi cien dólares al mes. Ese dinero regresa directamente al bolsillo de nuestra gente, en momentos donde cada dólar cuenta”, agregó Torres.
El representante subrayó que esta medida no requiere legislación adicional, ya que desde el año 2020 está vigente la Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico (Ley 36-2020), la cual establece como política pública la implementación del teletrabajo para empleados que cualifiquen. Dicha ley faculta al Gobierno Central a ponerla en vigor de inmediato, mientras que la Rrama Legislativa, la Rama Judicial y los municipios pueden adoptarla de forma voluntaria.
“Aquí no hay que inventar nada nuevo. La herramienta ya existe. Lo que falta es voluntad para implementarla en beneficio directo de nuestra gente”, sostuvo.
Torres también resaltó que el teletrabajo ha demostrado beneficios adicionales, tales como mayor eficiencia en la gestión pública, reducción de gastos operacionales y una mejor calidad de vida para los empleados, según se desprende de la exposición de motivos de la legislación vigente.
Rechazo del Ejecutivo
En el día de hoy, la gobernadora Jenniffer González Colón mencionó que la legislación no era necesaria, a lo cual el representante respondió que iría tras un recurso legal, de ser necesario, para hacer valer la ley vigente.
“Yo creo que (la gobernadora) no está bien informada porque no es un proyecto de ley, es una ley ya vigente desde el 2020. La Ley 36 del 2020 establece el teletrabajo como una opción en los empleados públicos y le delega a la Oficina de Transformación y Administración de los Recursos Humanos del Gobierno el reglamentar. Así que yo no estoy radicando ningún proyecto, yo estoy pidiéndole al director de la OTARH a que implemente lo que la ley ya dice. Así que, pues si no quieren implementarlo, pues lo que nos queda es ir a los tribunales y radicar un mandamus para que lo implementen porque es política pública del Estado“, indicó Torres Cruz en entrevista para Hora Exacta.
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