Luego de que el juez federal Francisco Besosa designara a un Oficial de Supervisión Financiera para monitorear las finanzas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el representante popular Jesús Manuel Ortiz González denunció en Dígame la Verdad que el proceso demuestra por qué debe derogarse la ley que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), aparte de pedir la renuncia del secretario de la agencia, Alexis Torres.
Ortiz González recordó cómo anteriormente un informe del Tribunal señalaba deficiencias en el desempeño y cumplimiento de la Reforma de la Policía y su presupuesto.
“Y ahora tenemos señalamientos que lo que nos cuesta es que se ponga un supervisor, un síndico, un monitor, como lo quieran llamar, que nos va a costar 102 mil dólares al año porque el Tribunal no está satisfecho con la forma en que se ha manejado la Reforma”, reclamó el representante mientras aseguraba que el DSP no funciona y que los problemas continuarán.
El legislador reclamó que el Negociado es responsable de absorber el presupuesto de otras agencias debido a que no se han logrado ahorros por, entre otros detalles, otorgar altos salarios a empleados de confianza. Al momento, se desconoce en qué ha quedado el envío de informes de cumplimiento por parte de la Policía, y presuntamente no hay comunicación entre dicho cuerpo y el DSP.
Más temprano, El Nuevo Día publicó que el Gobierno solicitó al juez que no proceda con dicha decisión.
“Quien no ha demostrado un compromiso aquí ha sido el propio Gobierno. Por supuesto que a mí no me gusta que se ponga un síndico o un monitor. […] Pero aquí el Gobierno es el que ha fallado en hacer cumplir y trabajar […] de manera efectiva”, reiteró el legislador al señalar que esto no debe verse como algo nuevo, pues ya se había planteado la incomodidad por parte del juez sobre el manejo de la Reforma.
