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Se enciende controversia tras anuncio del Gobernador sobre vacunación obligatoria

Por un lado, la Coalición Pro Consentimiento Informado argumenta "que no se puede tratar esto como si fuese una vacuna autorizada”. Sin embargo, la principal oficial médico de Salud, Iris Cardona, lo desmintió.

El portavoz de la Coalición Pro Consentimiento Informado, el abogado Adrián Díaz, anunció en RADIO ISLA que pretende retar en tribunales la orden ejecutiva que obliga a la vacuna contra el COVID-19.

Según Díaz, no se puede obligar a los ciudadanos puertorriqueños a participar de un proceso de vacunación con una vacuna experimental. “Es que hay que entender que esta es una cuestión procesal. O sea, aquí no se puede emitir una orden ejecutiva- como el gobernador ha querido seguir legislando como la gobernadora anterior- para extenderle poderes a un Secretario y para que el Secretario a su vez empiece a hacer cosas que su propia ley orgánica no le permite. Entonces, si tú estás ante un proceso de evaluación de un producto, como te dije al principio, tendremos que pensar que no se puede tratar esto como si fuese una vacuna autorizada”.

Díaz por ello anunció que va a radicar un recurso hoy en el tribunal utilizando de base que, dado que la vacuna es experimental y no hay un fondo de compensación para efectos adversos por la vacuna, no se debe obligar a las personas a vacunarse.

Sin embargo, la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, negó en RADIO ISLA que ello fuera cierto. “Eso no es cierto. Eso es lo que se llama en inglés ‘misleading’. Están dando un información para guiar decisiones de la manera incorrecta y con información incorrecta. Las vacunas no son experimentales”, puntualizó Cardona.

Además, desmintió el hecho de que no hay un fondo de compensación para efectos adversos por la vacuna.

Ello luego de que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara ayer, miércoles, una nueva Orden Ejecutiva (OE) que, desde el próximo 16 de agosto, que ordena a todas las agencias gubernamentales exigirles a sus empleados públicos pruebas de que están vacunados contra el COVID-19. 

Todos los empleados deberán entregar en o antes del 16 de agosto documentación de que tiene la primera dosis. Asimismo, en o antes del 30 de agosto tendrán que entregar prueba de que completaron el proceso de vacunación al tener la segunda dosis requerida.

Por otro lado, las personas no vacunadas deberán entregar, todas las semanas, pruebas negativas de COVID-19. De igual forma, los ciudadanos con condiciones medicas preexistentes o razones religiosas estarán exentos a la Orden Ejecutiva. Del mismo modo, el primer mandatario hizo un llamado a las empresas privadas y centros comerciales para que le requieran las dos dosis de la vacuna a sus empleados al igual que la nueva OE.

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