El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, reaccionó el lunes, sobre denuncias relacionadas a la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios y la empresa VantageKnight y aseguró que en la actualidad no hay contratos con dicha empresa.
“Ha llegado a nuestra atención, información que apunta a una posible investigación sobre incentivos concedidos a la empresa VantageKnight y alegados usos indebidos de esta sobre tales beneficios. Además, se hizo una exhortación para no renovarles contratos. En cuanto a esto último, dejo claro, que al día de hoy dicha empresa no tiene contratos con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ni con la Compañía de Fomento Industrial. Tampoco está en proceso de renovación, como se ha aseverado. Estamos enfocando nuestros limitados recursos en otras iniciativas”, dijo Laboy Rivera en comunicación escrita.
Sobre el asunto de los incentivos, Laboy Rivera explicó que VantageKnight posee un decreto de Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios, información que está disponible para quien la solicite.
“Bajo estos incentivos cualquier empresa que exporte servicios desde Puerto Rico puede obtener un decreto de Ley 20 y esto no impide que tenga, principales, sucursales o subsidiarias en otros estados. La exención versa única y exclusivamente sobre aquellos servicios exportados desde Puerto Rico”, dijo.
“Es importante conocer que La Ley 20 requiere que la contabilidad de los servicios prestados desde Puerto Rico se rinda en libros completamente separados en una planilla separada rendida al Departamento de Hacienda. Esa entidad está a cargo de la fiscalización de la mismas como las de cualquier contribuyente. Hacienda, además de los municipios y el CRIM, es parte del proceso de otorgamiento de todos los decretos de Ley 20. Esta Ley posee herramientas para revocar cualquier decreto cuando el mismo haya sido obtenido por representaciones falsas o fraudulentas sobre la naturaleza del negocio elegible, o la naturaleza del servicio o cualesquiera otros hechos o circunstancias que, en todo o en parte, motivaron la concesión del decreto”, sentenció el secretario del DDEC.
“En el DDEC apoyamos toda investigación conducente a erradicar el mal uso de herramientas valiosas de desarrollo económico como, por ejemplo, la Ley 20. Una vez se presente y obtengamos copia de la resolución investigativa que ha anticipado el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, responderemos con prontitud para orientar y asistirle en cuanto a los criterios, beneficios y requisitos de la Ley 20 y cómo ésta trae impacto económico a nuestra Isla. Mientras tanto, he ordenado un examen interno del proceso de otorgamiento del decreto de referencia. También solicitaremos información al Departamento de Hacienda para verificar posibles cambios en las condiciones de la empresa cuestionada que ameriten una revocación del incentivo. Los resultados se harán públicos”, culminó.
El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez le solicitó mediante carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que ordene una investigación a través del Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio contra el licenciado Manuel “Manny” Ortiz y la empresa de la cual es fundador, dueño y presidente, VantageKnight, tras informes periodísticos que revelan que supuestamente la compañía viola los requisitos de la Ley 20 de Puerto Rico, a la cual está acogida la mencionada empresa y que requiere que la misma exporte servicios desde Puerto Rico hacia otras jurisdicciones.
Adicional, el legislador envío una carta a la Agencia Federal de Rentas Internas (IRS) para que investigue si el cabildero y su empresa están evadiendo el pago de contribuciones en otros estados. Según expresa la carta “VantageKnight fue creado en el estado de Florida, opera de oficinas en el continente con dirección de 1900 Calle M NW, Washington DC, 20036, y el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico indica que sus oficinas están ubicadas en una residencia en Dorado.”
“Solicito además que a quien está burlando los propósitos de estas leyes se le cancele su contrato de VantageKnight con el DDEC y PRIDCO y le recomiendo, señora gobernadora, que se reevalúe la labor que él y los demás bufetes del gobierno de Puerto Rico, supuestamente casi todos reclutados por recomendación de él en la capital en Washington están realizando sus tareas y si esas tareas responden a la agenda trazada por el Plan para Puerto Rico y el partido que obtuvo el mandato electoral y programático en las pasadas elecciones”, dijo Meléndez Ortiz en comunicación escrita.
Según el legislador, el licenciado Ortiz y su empresa VantageKnight están acogidos a los beneficios de la ley 20 de 2012 en Puerto Rico, a pesar de que el licenciado Ortiz es residente y está domiciliado en el estado de Maryland, en un suburbio de la capital federal de Washington, D.C, donde está (1) la sede y principal oficina de su empresa; (2) allí vive su esposa; (3) estudian sus hijas; y (4) donde ha presidido un club deportivo del tenis, el Washington Tennis Educational Fund, según expresa un escrito de un medio de comunicación.
Detalló que actualmente VantageKnight tiene un contrato de casi setecientos mil dólares anuales con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para cabildear a nombre del gobierno de Puerto Rico y le ha facturado a Pridco alrededor de 1.6 millones de dólares durante los pasados dos años y medio.
La carta remitida a la gobernadora Vázquez añade que “el Departamento de Hacienda y el DDEC debería investigar si dicha empresa y su dueño están cometiendo delitos de evasión contributiva que no solo esté esquilmando cientos de miles de dólares al Tesoro de Puerto Rico sino poniendo en riesgo la existencia misma de los mecanismos de las leyes 20-2012 y 22-2012 si se determina que una persona tan cercana a nuestro pasado gobernador y con contratos cuantiosos representando al Gobierno de Puerto Rico en la Capital Federal está abusando de los beneficios que proveen dichas leyes a inversionistas bona fide que cumplen a cabalidad con los requisitos de dichas leyes y generan empleos y actividad económica significativa en nuestras islas.”
Meléndez concluyó al mencionar que durante los próximos días se estará sometiendo una resolución en la Cámara de Representantes a fines de investigar todos los procesos dirigidos a la otorgación de contratos bajo las leyes 20 y 22.
