Sin credibilidad Luis Irizarry Pabón, según exalcalde de Ponce Francisco Zayas Seijo
El lunes se vio la vista evidenciaria en contra del incumbente para descalificarlo como candidato a la reelección
Luego de que en la tarde del lunes se celebrara una vista evidenciaria en contra del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, en la que se busca su descalificación como candidato a la reelección, el exalcalde Francisco ‘Ico’ Zayas Seijo reiteró que Irizarry Pabón ya carece de credibilidad.
Durante la vista, celebrada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, la defensa del ejecutivo municipal alegó que el Partido Popular Democrático (PPD) debió resolver de forma interna la posibilidad de que el alcalde pudiera correr a un nuevo término, y no a nivel de tribunales.
Mientras, desde el PPD aseguraron que simplemente no podían ejercer tal decisión sin la intervención judicial.
No obstante, Zayas Seijo recordó que, precisamente, el mecanismo interno que utilizaron en el PPD fue el acuerdo firmado por Irizarry Pabón para renunciar a su candidatura si al 28 de febrero no estaba resuelto su caso, en el cual enfrenta cuatro cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal.
“Como él dijo, esto es una actitud mendaz”, dijo Zayas Seijo al darle la razón al juez Anthony Cuevas, quien atiende el caso.
A pesar del escenario actual, Zayas Seijo entiende que el PPD tiene posibilidades de triunfo en La Perla del Sur si se resuelve la situación, aunque recalcó que ya el alcalde ostenta un cuadro de falta de credibilidad que también podría salpicar a quienes lo respaldan, como lo es el representante Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero.
“La credibilidad del doctor ya no existe en términos de lo que va a hacer”, afirmó el exalcalde.
Irizarry Pabón enfrenta cuatro cargos radicados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI): dos cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por el uso indebido de facultades o fondos públicos para obtener cualquier beneficio ilegal y exigir a servidores públicos que hagan contribuciones económicas para participar en una actividad política, y otros dos cargos por violaciones al Código Penal por enriquecimiento injustificado.
