Supremo ordena investigar casos en el Tribunal de Ponce contra autor de masacre en Yauco
Jueza presidenta solicita al poder ejecutivo que evalúe las gestiones de la Policía, Justicia y Corrección
La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, informó hoy, jueves, que investigará las circunstancias en las cuales el Tribunal de Primera Instancia en Ponce atendió el caso de Wilfredo Santiago Figueroa, quien se privó de la vida y asesinó a su expareja y familiares en la noche del miércoles, en Yauco.
“Tras los eventos terribles en Yauco, instruí a comenzar una investigación exhaustiva sobre los procesos judiciales en los casos ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. De la misma forma, el Poder Ejecutivo debe llevar a cabo una evaluación de las gestiones y comparecencias en los Tribunales de los Fiscales asignados al caso, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Policía de Puerto Rico. El Poder Judicial formulará las recomendaciones que considere prudentes al componente de seguridad pública“, indicó la presidenta en declaraciones escritas.
Más temprano, la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), licenciada Madeline Bermúdez, reveló en Dígame la Verdad que Santiago Figueroa no solo estaba libre bajo fianza, sino que no contaba con supervisión electrónica (grillete) mientras se veía una vista preliminar en contra por acechar a su expareja Linnette Morales Vázquez.
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“Aunque la denuncia no establecía la reincidencia, la información disponible establece que la persona imputada de delito tenía una convicción previa por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como la fianza y la supervisión electrónica. Por otro lado, durante las vistas celebradas, la Fiscalía tampoco solicitó revisión a las condiciones impuestas. Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el Tribunal“, añadió Oronoz Rodríguez.
Los hechos se reportaron ayer en la noche, cuando el hombre, quien estuvo convicto durante 10 años tras intentar asesinar a otra pareja, mató a Morales Vázquez, de 30 años; a su madre, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años; y a su hermano Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años.
“Lo que ha ocurrido es una tragedia y, con la información disponible, no descarto impulsar medidas administrativas adicionales, o proponer las modificaciones que correspondan a los procesos que se ventilan ante los tribunales.
Para mí y para el poder judicial atender la violencia de género es una prioridad, pero insisto: la violencia de género no solo es un problema legal, es un problema social que se tiene que abordar desde todos los frentes, no solo el jurídico. El poder judicial debe y quiere ser parte de la solución de este mal social y asume su responsabilidad en lograrlo”, finalizó.
